Santiago de Compostela (EFE).- Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al que atribuye presuntos delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa por los disturbios registrados el pasado miércoles durante el acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita de A Coruña.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado hoy en A Coruña de «muy habitual» que la ultraderecha presente querellas contra servidores públicos y ha asegurado que estas acciones buscan amedrentarlos y tenerlos «absolutamente sometidos».
«Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo bien», ha afirmado Bolaños al ser preguntado por la querella de Vox contra Blanco, quien, según ha señalado el ministro, no está «muy preocupado» por ello.
La querella de Vox también dirige la acción judicial contra otras autoridades y funcionarios de la Delegación y de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña que pudieran resultar responsables, así como contra Galiza Nova -organización juvenil del BNG- y las personas que promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación celebrada en el mismo lugar.
En el caso de sus promotores, Vox les atribuye presuntos delitos de incitación al odio, contra el derecho de reunión, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, además de la agravante de discriminación por motivos ideológicos.
La querella sostiene que la coincidencia de ambas convocatorias, comunicadas para la misma plaza con media hora de diferencia, constituía «un riesgo previsible» que la Delegación del Gobierno no abordó pese a las advertencias formuladas por el partido.
Vox había comunicado su acto el 16 de octubre y denunció el día 20 ante la Junta Electoral Provincial y la Subdelegación del Gobierno la convocatoria de Galiza Nova, prevista para las 11:30 horas del 21 de octubre, media hora antes del mitin de Abascal.
El escrito recoge que la organización juvenil del BNG difundió en redes sociales una convocatoria para salir a la calle a «combatir los mensajes ultraespañolistas y de odio» y llamaba a movilizarse «frente al fascismo españolista».
La formación de Abascal considera que la Delegación del Gobierno incumplió su obligación de proteger el ejercicio del derecho de reunión al no prohibir la contramanifestación ni proponer un cambio de ubicación u horario.
El documento expone que la concentración ocupó el espacio central de María Pita, mientras que el acto de Vox quedó «relegado a una esquina de la plaza», en el acceso por la calle Puerta Real.
Según la querella, esta disposición «dificultó el acceso de los asistentes y la difusión del mensaje político» de la formación en pleno periodo electoral.
Críticas del sindicato policial JUPOL
Además, durante los incidentes «se lanzaron piedras, adoquines, petardos, bengalas y otros objetos contra el cordón policial», señala el escrito, y se produjeron daños en mobiliario urbano y establecimientos de hostelería, con agentes de la Policía Nacional heridos de diferente consideración.
Vox cita asimismo las críticas del sindicato policial JUPOL, que cuestionó la decisión de mantener las convocatorias en el mismo espacio.
La formación sostiene que la actuación de la Delegación pudo constituir «una decisión arbitraria» y que el desarrollo de los acontecimientos perjudicó el ejercicio de los derechos de reunión, expresión y participación política de sus candidatos y simpatizantes.
La querella se presenta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña y solicita investigar tanto las decisiones de las autoridades responsables del dispositivo como la identidad de los promotores y de quienes participaron materialmente en los actos violentos.
