Madrid (EFE).- La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha denunciado la dejación del Ministerio de Exteriores y la «falta de apoyo» a los cónsules para cumplir con el requerimiento del Tribunal Supremo, que expira este miércoles, para identificar a las 163.020 personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’ y con el voto suspendido.
En un comunicado de la asociación, defienden que los cónsules han tramitado las solicitudes de nacionalidad en el marco de la ‘ley de nietos’ conforme al conjunto de las instrucciones dictadas por las autoridades, a pesar de que la red consular «se encuentra gravemente desatendida» en lo que se refiere a medios humanos y técnicos, de infraestructuras o seguridad en el trabajo.
Y pese a esas deficiencias que denuncian, los consulados han cumplido «con un esfuerzo descomunal» todos esos requerimientos y lo han hecho además -se quejan- sin conocer el plazo para acometer la revisión de los 163.020 expedientes afectados, que no se conoció hasta el pasado 23 de octubre, «lo cual es impropio de una administración pública».
Refuerzo de plantillas en el último momento
No fue hasta el último momento, según la versión de los diplomáticos, cuando el ministerio que dirige José Manuel Albares reforzó las plantillas y también aseguran que no disponen de la herramienta informática anunciada por Exteriores para incorporar los expedientes revisados, sino tan sólo «una alternativa rudimentaria y poco eficiente».
A esta falta de medios de la que culpan al Ministerio, lamentan que se haya elegido a los cónsules como «cabezas de turco» tanto por quienes están en la pelea política, refiriéndose entre otros al PP, como por los que pretenden «eludir sus responsabilidades por acción o pasividad», citando expresamente al Ministerio de Asuntos Exteriores y al de Justicia.
Para los diplomáticos «la gravedad de la situación» con la celebración de las elecciones generales en un mes, y que trasciende al ámbito consular y al de la ciudadanía en el exterior, «requiere una intervención urgente» de las instituciones involucradas.
El Supremo dejó en suspenso provisionalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (votantes españoles en el extranjero) hasta que los consulados acreditasen que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual.
Una decisión que adoptó después de que Vox y el movimiento político Iustitia Europa recurrieran la instrucción posterior del Gobierno, en la que «presumía» la condición de exiliado a todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, con lo que no era necesario probar el exilio mediante documentos para acogerse a la ley de nietos.
