Madrid (EFE).- El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, para consolidar la financiación y el cambio de modelo de cuidados del sistema de la dependencia materializando una inversión de 7.240 millones de euros para 2027.
Lo ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien ha destacado «la inversión histórica de recursos para hacer posible la gran transformación del modelo de cuidado» y dependencia, que reducirá a tres meses el plazo máximo para resolver las solicitudes y consolida la teleasistencia como un derecho universal.
La norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros blinda el despliegue de la recién aprobada reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para garantizar el crédito necesario para que la inversión estatal en el sistema alcance el próximo año esa «cifra histórica» y suponga el 50 % de la financiación total de la dependencia.
Esa inversión de 7.240 millones de euros, que incluyen el nivel mínimo y nivel acordado, representa un 423 % más que en 2020, antes de la puesta en marcha del Plan de Choque, y un 124 % más que en 2023, al inicio de la legislatura, explican desde Derechos Sociales.
Para garantizar la aplicación correcta y efectiva de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el decreto ajusta la normativa reglamentaria al nuevo marco legal, asegurar la coherencia del sistema y facilitar la puesta en práctica de los nuevos derechos, servicios y prestaciones reconocidos a las personas en situación de dependencia.
En este sentido, modifica, entre otras cosas, la regulación de la Teleasistencia, reconociendo este servicio para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado reconocido y se garantiza la prestación permanente las 24 horas del día, todos los días del año y se declara compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema.
También modifica la definición del Servicio de ayuda a domicilio ampliándolo más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, se admite la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias y se garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual reconocida.
Refuerza ayudas a mujeres ante el impago de las pensiones alimentarias
El Gobierno ha aprobado también el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres hasta 2029, que contempla reforzar las ayudas a las mujeres cuyas exparejas no pagan las pensiones alimentarias, con medidas para facilitar el acceso a estas prestaciones y aumentar sus cuantías para adaptarlas al coste de la vida.
El plan, impulsado por el Ministerio de Igualdad, incorpora expresamente la violencia económica como una forma de violencia machista y prevé reforzar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos con la ampliación de los límites de ingresos para acceder a estas ayudas y la actualización de sus cuantías, con el fin de prevenir situaciones de pobreza y exclusión social en mujeres y sus hijos.
La violencia económica, según se recoge en el nuevo plan, es una forma de violencia machista que se ejerce mediante el control o la privación de recursos para limitar la autonomía de las mujeres. Puede manifestarse a través del control de sus ingresos, las dificultades impuestas para acceder a un empleo, la apropiación de sus bienes o el impago deliberado de las pensiones alimentarias.
Sus consecuencias, tal y como plasma el plan, pueden prolongarse después de una separación y agravar las situaciones de dependencia económica y pobreza.
