Palma (EFE).- La jueza de Palma que instruye la causa por presunta malversación contra Pedro Bestard, el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y líder insular de Vox acusado del uso privado de coches de la institución pública, le ha citado a declarar como investigado el 9 de diciembre.
Según han confirmado este miércoles fuentes judiciales, tras adelantar Diario de Mallorca la fecha, la titular de la plaza número cuatro de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia ha dado un paso más en el procedimiento que inició la semana pasada al admitir a trámite la querella de la Fiscalía contra Bestard.
El ministerio público interpuso la querella al apreciar indicios suficientes para investigar si el dirigente de Vox, responsable del departamento insular de Medio Ambiente, podría haber cometido delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada el pasado julio por el grupo socialista del Consell de Mallorca, que atribuía a Bestard la utilización privada de vehículos públicos asignados a su departamento.
Coches oficiales para desplazamientos particulares
La polémica estalló en mayo, cuando el diario Última Hora publicó que el vicepresidente utilizaba coches oficiales sin rotular para desplazamientos particulares y actos de su partido.
Bestard negó entonces haber hecho un uso privado de los vehículos y defendió que todos sus desplazamientos estaban relacionados con su actividad institucional.
Un informe interno del Consell de Mallorca concluyó en junio que era inapropiado que el dirigente de Vox tuviera a su disposición exclusiva tres vehículos oficiales sin identificar, aunque no apreció irregularidades jurídicas de especial relevancia.
Luego, la institución insular aprobó un protocolo para regular el uso de los vehículos oficiales y reforzar los controles sobre su utilización.
Tras conocerse la querella de la Fiscalía, los partidos de la oposición en el Consell pidieron el cese de Bestard, mientras que el PP abogó por esperar hasta la posible apertura de juicio oral antes de adoptar medidas contra el vicepresidente insular y Vox defendió la presunción de inocencia.









