Tres Cantos (Madrid) (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que es «totalmente falso» que la Comunidad de Madrid haya condonado deudas a Grupo Quirón y Ribera Salud, una «acusación falsa» del PSOE, ha dicho, que considera directamente salida de «la factoría monclovita».
Así ha reaccionado tras la decisión del Tribunal de Cuentas de investiga la gestión de los hospitales públicos que la Comunidad de Madrid tiene concesionados a Grupo Quirón y a Ribera Salud, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE que alertaba de posibles irregularidades.
Díaz Ayuso ha subrayado que se trata de una «acusación falsa» del PSOE, ha defendido que su Gobierno fiscaliza «hasta el último euro» y ha lamentado que, con sus acusaciones, la izquierda quiera «desguazar el sistema» madrileño.
Sobre la regularización de inmigrantes
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Tres Cantos, Díaz Ayuso, ha arremetido también contra la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, en su opinión, tiene «tintes profundamente antidemocráticos».
A su juicio, el Ejecutivo «probablemente» pretende con ello «inflar» o «alterar los censos» electorales.
Críticas que ha extendido a las consecuencias que cree que puede tener esa regularización en servicios públicos como la sanidad.
«Sánchez quiere reventar los servicios públicos en España y muy especialmente la sanidad». «No hay servicios públicos dotados para hacer estas regularizaciones masivas como se pretenden», ha zanjado.
La presidenta madrileña ha mostrado también sus dudas respecto a «la verificación de los DNI digitales en elecciones», y se ha preguntado «qué necesidad había» de imponer su uso «con tanta prisa, si siempre ha ido bien el sistema como lo conocemos», con los DNI físicos.
La guerra de Irán
Igualmente, Ayuso ha criticado la propuesta de Sumar de incluir en el decreto ley de pedidas para paliar los efectos de la guerra en Irán la prorroga de los contratos de alquiler que vencen este año, medida que tildado de «liberticida y comunista», y que sostiene que es una «intromisión intolerable» en el mercado de la vivienda.
«Este Gobierno siempre atenta contra la libertad de los ciudadanos», ha señalado Ayuso tras insistir en que una medida así provocará el hundimiento del mercado del alquiler y una retracción de la oferta. «Lo que quieren es que no tengamos pisos, quieren que tengamos pobreza repartida para todos por igual», ha aseverado.
Los objetores de conciencia
No es la única medida del Ejecutivo que ha puesto en cuestión. Además, ha reiterado sus críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, por incluir la creación de un registro de médicos objetores de conciencia al aborto en la legislación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha ordenado al Gobierno de Ayuso que inicie «de inmediato» la creación de dicho registro, aceptando así las medidas cautelares solicitadas por Sanidad tras la negativa del ejecutivo madrileño a aplicar la ley del aborto, y que han sido recurridas por la Comunidad madrileña.
Ayuso ha acusado a la ministra de Sanidad de «reventar el sistema público sanitario a través de una ley sectaria que va en contra de la libertad de conciencia y otros muchos artículos de la Constitución».
Y ha afirmado que cumplirá la resolución judicial «cuanto toque y sea firme»: «Cumpliremos aquello que nos exija un juez, no una ministra sindicalista que tiene incendios todos los días», ha dicho.
