El president catalán afirma que la reforma de la sedición es un paso para resolver el conflicto

Barcelona (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que la «derogación» del delito de sedición permite avanzar hacia el «fin de la represión» sobre el movimiento independentista y supone un «paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político» entre Cataluña y el Estado.

En una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha reaccionado al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar en el Congreso una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas.

Los nacionalistas valoran la derogación del delito de sedición
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la declaración que ha realizado este viernes en el Palau de la Generalitat. EFE/Alejandro García


El presidente catalán ha celebrado el «acuerdo» alcanzado con el Gobierno para «eliminar el principal delito por el que fueron condenados» a prisión nueve líderes independentistas por el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Este «acuerdo», ha destacado, permite «profundizar en el proceso de desjudicialización» ya que supone una «mejora para el conjunto de las personas represaliadas».

«Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al movimiento independentista», ha celebrado, si bien ha reconocido que aún «queda camino por recorrer» hasta la «completa desjudicialización del conflicto», sin renunciar a la amnistía.

«Hay que trabajar más»

Aragonès ha explicado que sigue habiendo «cuestiones abiertas que se podrán plantear en el trámite parlamentario» de la reforma del Código Penal, en alusión, por ejemplo, a la malversación. «Hay que trabajar más», ha señalado el presidente, que ha hecho hincapié en que de momento lo más relevante es que «el delito de sedición queda borrado, desaparece del Código Penal», y es sustituido por «desórdenes públicos agravados», un concepto que «ya existe» ahora, si bien «la pena máxima pasa de seis a cinco años».

Ha asegurado que «los hechos de octubre de 2017 no son delito», aunque el Tribunal Supremo «aplicó de forma injusta y arbitraria el Código Penal» para imputar el delito de sedición, y «no desórdenes públicos».

«Hoy damos un paso muy importante para conseguir el fin de la represión y comenzar a construir la resolución del conflicto político con el Estado», ha insistido.

Borràs: Veremos si el remedio no es peor que la «enfermedad de la sedición»

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, por su parte, ha asegurado que el «remedio de los desórdenes públicos agravados» puede ser «peor que la enfermedad de la sedición», después de conocerse la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición.

«Veremos si el remedio de los desórdenes públicos agravados no sea peor que la enfermedad de la sedición. Sánchez hace de Sánchez y veremos si querrá decir ‘el 1-O no fue sedición sino desórdenes públicos agravados’. Estos, si acaso, los hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», ha afirmado Borràs en un mensaje en su cuenta de Twitter.

También se ha referido a este cambio penal el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha dicho que está hecho «a medida para decir que el 1-O fue delito». En declaraciones a RAC1, Turull ha evitado pronunciarse en profundidad sobre este anuncio del Gobierno hasta no conocer el texto íntegro, aunque ha indicado que «no desjudicializa».

Desde la CUP, su diputado Carles Riera ha rechazado la reforma y ha criticado a ERC por «vender como victorias políticas los juegos malabares» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha indicado Riera en unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4, la CUP va a rechazar la derogación del delito de sedición y la creación de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Urkullu (PNV) plantea reformar el artículo 155

También el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado la propuesta del PSOE y Unidas Podemos y ha considerado que también se debería plantear una reforma del artículo 155 de la Constitución que faculta al Ejecutivo central a suspender a un gobierno autonómico.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Urkullu ha destacado que esa propuesta «es más positiva todavía» si así lo consideran también los partidos catalanes. Ha añadido que esta iniciativa refuerza las vías políticas frente a las judiciales para abordar cualquier cuestión política y ahonda en el planteamiento de su Ejecutivo de que los debates políticos siempre deben sustanciarse mediante el «diálogo» y la «negociación», con un «propósito de acuerdo».

Los nacionalistas valoran la derogación del delito de sedición
El lehendakari Iñigo Urkullu en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco este viernes. EFE/L. Rico

Desde Bilbao, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado este viernes que la propuesta «suena bien» y parece una «reforma proporcional». En declaraciones a los periodistas, Ortuzar ha recordado que el PNV «nunca» ha sido partidario de la existencia del delito de sedición, que en Europa y las democracias consolidadas «no existe o tiene otras tipologías penales».

Para el diputado de EH Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu, la modificación del delito de sedición supone que el Gobierno cumpla su agenda para «desjudicializar la acción política», aunque ha advertido que aún persiste una «Brunete judicial y policial» contra los líderes catalanes del procés.

Según ha afirmado en Radio Euskadi, «la modificación es positiva y muestra que el diálogo es el mejor instrumento para llegar a acuerdos», que llegan para «desjudicalizar lo que nunca debió de ser judicializado, cuando se aplicó el derecho a martillazos» para perseguir a quienes instalaron urnas en Cataluña con el objetivo de que «la ciudadanía se expresara».