Madrid (EFE).- El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según ha adelantado el diario ‘El Español’ y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La gestión se ha realizado tras la asunción del poder en Venezuela de la hasta ahora vicepresidenta, que juró ayer su cargo ante la Asamblea Nacional después de que su antecesor Nicolás Maduro fuera apresado el sábado por fuerzas norteamericanas y conducido a los Estados Unidos.
Las mismas fuentes han indicado que la petición se ha hecho a través de una «nota verbal» enviada al Gobierno venezolano como modo a insistir, en esta nueva circunstancia, en que España «no va a cejar» en sus esfuerzos para lograr la liberación de los presos.
Contactos de Alabares con Delcy Rodríguez
El Gobierno español, muy crítico con el ataque estadounidense, ya había anunciado este lunes a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez.
Albares explicó que España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unos 200.000 españoles, y que también busca la liberación de todos los presos políticos españoles.
Asimismo anunció que seguirán manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad.
Cerca de una veintena de presos españoles
Entre 14 y 20 españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.
El Gobierno de España confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.
Además, la ONG Foro Penal y otras organizaciones venezolanas han señalado que entre los presos políticos en Venezuela hay ciudadanos extranjeros, incluidos españoles.
En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.
Uno de los últimos casos es el de detención en Venezuela de dos ciudadanos vascos (José María Basoa y Andrés Martínez Adasme) en septiembre de 2024, acusados de pertenecer al CNI y planear un atentado contra Maduro. Desde algunos sectores se interpretó como una represalia del chavismo al acogimiento por España de Edmundo González Urrutia.
