Madrid (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defenderá este viernes ante el pleno del Congreso el primero de los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros, mientras que el segundo —el de renovación automática de los contratos de alquiler— lo defenderá el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Desde el Gobierno han confirmado el reparto, aunque han restado importancia a la imagen de división interna que puede ofrecer dentro del Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar en política de vivienda.
En esa línea, la ministra Isabel Rodríguez ha dicho este jueves en la SER que la división de las medidas en dos decretos responde a una «coordinación perfecta» entre los socios, mientras que fuentes socialistas reconocen que la separación se debe a que su decreto tiene «más consenso» que el promovido por Bustinduy y, por tanto, más posibilidades de ser convalidado.
Bastaría la abstención de Junts
El decreto que defenderá Isabel Rodríguez es fruto de la negociación que su ministerio ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios y en él hay medidas que todos ellos -excepto el PP y Vox- han defendido en algún momento o le han hecho llegar.
Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).
El Gobierno confía en que este decreto sea convalidado con el respaldo del PSOE, Sumar ERC, PNV, Bildu, Compromís, BNG, CC y Podemos; y, en el peor de los casos, la abstención de Junts, que como es habitual no ha querido por el momento aclarar el sentido de su voto.
Tampoco han desvelado su voto por el momento ni Coalición Canaria (CC) -que respaldó el pasado abril el decreto de prórroga de los alquileres que impulsó Sumar y derogó la mayoría que suman PP, Vox, Junts y UPN- ni el PNV, que se abstuvo en el decreto de abril.
Vuelta como proyecto de ley
Por su parte, el decreto que defenderá Bustinduy consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.
Esta medida, reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen, de 87 años, será rechazada previsiblemente en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox, PNV, Junts y UPN.
La intención del Gobierno es volver a llevar la medida al Parlamento en forma de proyecto de ley.
PP ve una «chapuza» los decretos de vivienda
Los dos reales decretos de vivienda que el Gobierno ha aprobado y que se llevarán mañana viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación son, según fuentes del PP, «una chapuza que va a generar multitud de pleitos» en los juzgados.
En la sede central del PP, en Madrid, consideran que los dos decretos sobre vivienda, a los que se opondrán en sede parlamentaria, generan dudas jurídicas, al tiempo que opinan que el segundo de ellos -el que recoge la prórroga automática de los alquileres- contradice y deroga algunas disposiciones contenidas en el primero.
El grupo parlamentario popular defenderá su oposición a los decretos en sede parlamentaria por medio de los diputados Juan Bravo, para el primer decreto, y el portavoz de Vivienda, Sergio Sayas, para el segundo.
El principal partido de la oposición insiste en que estas normas, ya publicadas en el BOE, no ofrecen soluciones, reducen la oferta y no plantean fórmulas para reducir las trabas burocráticas a la construcción.
Calcula que desaparecerán 300.000 viviendas del alquiler
Critica, igualmente, la redacción de los textos en cuanto a las tasaciones de inmuebles y calcula que, con esta normativa, desaparecerán 300.000 viviendas del mercado de alquiler.
El PP plantea, como contrapartida, la construcción de un millón de viviendas en España, desbloquear la Ley del Suelo en el Congreso, otorgar seguridad jurídica a los actores inmobiliarios, amortiguar la falta de mano de obra en el sector de la construcción captando operarios, en otros países de origen y con todas las condiciones, y mejorar los planes de ayudas para el alquiler y la compra.
En materia formal sobre los decretos citados, fuentes del PP reiteran que «solo tratan» del problema de los alquileres.
