Barcelona (EFE).- El comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros miembros de la llamada ‘policía patriótica’ testifican este martes en el juicio contra los Pujol a propuesta de la defensa de la familia, en su intento de forzar la nulidad del caso por estar contaminado por la guerra sucia contra el procés.
El juicio, que se inició el pasado mes de noviembre y suma una veintena de sesiones, se adentra en una semana clave con el testimonio de la ‘policía patriótica’, admitido ‘in extremis’ por la Audiencia Nacional y que las defensas plantearon para sacar a la luz las maniobras de la ‘policía patriótica’ contra los Pujol.
Ante el tribunal desfilará Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy que fue condenado a un año de cárcel por entregar a la unidad policial de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un ‘pendrive’ con datos robados de un dispositivo de los Pujol.
La fortuna oculta en Andorra
Las defensas de los Pujol consideran que parte de la información incorporada a la causa por la fortuna oculta en Andorra procede de ese ‘pendrive’, aunque el juez del caso, José de la Mata, acordó en su día anularlo como prueba e investigar su origen, en la causa que desembocó en la primera de las condenas a Pino, imputado en otros dos procesos.
Otro de los testimonios cruciales para la defensa es el de Villarejo, quien en declaraciones públicas ha ido aireando últimamente entresijos de la denominada operación Cataluña: el pasado mes de noviembre, mantuvo ante la justicia andorrana que la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue una operación impulsada por Rajoy para frenar el procés.
El excomisario jubilado y un socio suyo están, además, detrás de la denuncia que María Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, presentó en 2012 ante la Policía Nacional y en la que contó que había acompañado al primogénito a llevar mochilas con billetes de 500 euros a Andorra.
Lo que quieren probar los Pujol
También declaran este martes los inspectores Bonifacio Diez y Celestino Barroso y el excomisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, a quienes los expropietarios de la Banca Privada d’Andorra (Barcelona) acusan de coaccionarles para que entregaran información financiera de los Pujol.
Fue precisamente un ‘pantallazo’ de movimientos bancarios de cuentas de Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos en la Banca Privada de Andorra (BPA), publicado por «El Mundo» en julio de 2014, lo que precipitó la carta de confesión del expresidente catalán Jordi Pujol sobre la fortuna oculta.
Las defensas de los Pujol, coordinadas por el abogado Cristóbal Martell, tratarán de ahondar en las supuestas irregularidades atribuidas a la ‘policía patriótica’ para probar que la causa está contaminada desde el inicio y debe conllevar la nulidad de todo el proceso
El tribunal, que preside José Ricardo de Prada, advirtió sin embargo que los interrogatorios deberán ceñirse a aquellas cuestiones que son «esenciales» para la causa, por lo que no aceptará «un proceso (sobre la operación Cataluña) dentro del proceso».
Dos consellers de medio ambiente
Además de los agentes, la sesión de este martes cuenta con el testimonio del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, exlíder de Unió que dirigió el Departamento de Medio Ambiente con Jordi Pujol y al que las defensas quieren interrogar sobre una autorización a un vertedero impulsado por Jordi Pujol Ferrusola. También lo hará su sucesor en el cargo, Salvador Milà, de ICV.
Espadaler, líder de la formación Units per Avançar heredera de Unió que en 2017 se alió con el PSC, ha pedido un traductor para poder declarar en catalán ante el tribunal.
