Madrid (EFE).- El empresario fallecido José Luis Huerta asumió los costes de fiestas privadas de cargos del PP implicados en el caso Púnica, como el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y de actos de este partido como pagos de una especie de comisiones por ser favorecido en adjudicaciones públicas.
Así lo manifestó José Luis Huerta durante la declaración que prestó en 2018 ante el juez instructor de este caso de corrupción política, Manuel García-Castellón, que ha sido oída este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.
Fiestas privadas de cargos del PP
En el banquillo se sientan Francisco Granados, que también fue alcalde de Valdemoro (Madrid), y otros trece acusados, entre ellos seis exregidores del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, José Luis Huerta, era amigo del primero, según la Fiscalía.
Durante su declaración José Luis Huerta reconoció que su empresa resultó adjudicataria durante varios años seguidos de los actos de las fiestas de diversos municipios madrileños gobernados por el PP y en algún caso con recomendación de Francisco Granados y del sucesor de este en la alcaldía de Valdemoro, el también acusado José Miguel Moreno.
Recordó que en Valdemoro llegó a facturar más de un millón de euros en las fiestas de un solo año ya que «por allí pasaron los mejores artistas».
Huerta explicó que para no poner problemas que pudieran comprometer futuras adjudicaciones a sus empresas dejó de reclamar el cobro de fiestas privadas de varios cargos del PP como Granados y de actos del PP, entre ellos mítines electorales, que le encargaban y terminó asumiéndolo como el pago de una especie de «comisiones» por los contratos públicos que se le otorgaban.
Así relató que después de que se le adjudicaran unos contratos para actos de inauguración de ampliaciones del Metro de Madrid asumió en 2008 el coste de una fiesta de la comunión de una hija de Granados en Valdemoro, que ascendió a 40.000 euros y que no le pagaron, y dijo que también se hizo cargo de otra por el cumpleaños del exconsejero.
«Tras esas adjudicaciones se creería con el derecho de pedirme una comunión y entendí que era el regalo que tenía que darle», comentó Huerta.
Mítines en campañas electorales
Igualmente dijo que no cobró diversos servicios que prestó para actos del PP como mítines de campañas electorales y fiestas y otros eventos del partido en diversos municipios.
«Cuando me lo encargaban sabía que no me iban a pagar pero si exigías el cobro te complicaban la vida y decían ‘mira este se ha puesto tonto o cuidado con este'», señaló el empresario.
Huerta aseguró que de todas formas los ayuntamientos que le adjudicaron las fiestas esos años fueron acumulando deuda con él y que su empresa terminó en quiebra. «Cuando pasó lo de la Púnica yo ya no tenía ni para comer y tuve que ponerme a trabajar de camarero».
La fiscal pide prisión para Granados
En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.
También se sientan en el banquillo otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete.
Además los exalcades de Valdemoro José Carlos Boza, Ciempozuelos María Ángeles Herrera, Móstoles Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz y Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada.
