La Generalitat defiende que Cataluña «tiene derecho a decidir su futuro» y el Gobierno descarta un referéndum

Madrid (EFE).- El Gobierno ha vuelto a negar con contundencia que vaya a celebrarse un referéndum en Cataluña, defendido este miércoles por el presidente catalán, Pere Aragonès, y que desde el Partido Popular se da ya por hecho tras considerar que la reforma del Código Penal deja la «vía expedita» para ello.

Con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en Bruselas, la respuesta del Gobierno ha venido de la mano de los ministros que han acudido al pleno del Congreso, donde todos los que se han pronunciado, como María Jesús Montero, Miquel Iceta o Pilar Alegría, lo han hecho sin excepción en la misma línea y de forma unívoca: «No habrá referéndum».

«Con un Gobierno de Pedro Sánchez nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo ni de forma regular ni irregular», ha respondido la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, al ser preguntada sobre el referéndum pactado que reclama ERC basándose en el modelo de Montenegro: un mínimo del 50 % de participación y de un 55 % de síes a la independencia.

La consulta de Illa

Con el debate abierto, el líder del PSC, Salvador Illa, ha avisado por su parte al independentismo de que «no habrá autodeterminación». Illa propone una consulta pero referida al autogobierno y que implicaría reformar el Estatut. Su propuesta no es nueva, pero ha cobrado especial protagonismo en el contexto actual, dos días después de conocerse la propuesta de los republicanos catalanes.

Por la consulta a la que se refería llla han preguntado también a la ministra Montero, quien ha rechazado que sea un referéndum, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado «una buena noticia» que el líder del PSC proponga consultas en Cataluña para que «por fin» se pueda confrontar con la de los republicanos.

Aragonés no atiende a la negativa

Mientras el Gobierno negaba con rotundidad el referéndum, el presidente catalán ha asegurado que «no se resigna» ante esta negativa y ha defendido que Cataluña «tiene derecho a decidir libremente su futuro» en un referéndum de independencia que, ha dicho, «nunca puede ser delito».
Para Aragonès es «imprescindible» abrir un debate interno en Cataluña para, a través de un Acuerdo de Claridad, poner sobre la mesa una propuesta de referéndum pactado, «efectivo» y «reconocido por la comunidad internacional».

La Generalitat defiende que Cataluña "tiene derecho a decidir su futuro"
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i), responde a una pregunta de la oposición durante la sesión de control en el Parlament, este miércoles. EFE/ Marta Pérez

Sin dudas sobre su celebración en el PP

Un referéndum que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por hecho, aunque lo niegue el Ejecutivo, y ha pedido que esta «deriva separatista» se «someta a las urnas» con un adelanto de las elecciones generales.

Feijóo denuncia que habrá un referéndum en Cataluña
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. EFE/Zipi

El jefe de la oposición ha advertido de que estamos a las «puertas» de «otro hecho disparatado» y que tras la reforma del Código Penal que «deja la vía expedita a que se pueda celebrar» y cuando el socio del Gobierno dice que lo va a convocar, tiene «pocas dudas» de que habrá referéndum.

«Estamos viviendo un momento insólito, que ni el independentista más ambicioso podía pensar que iba a llegar», ha advertido.

Críticas de Lambán

Las críticas al Gobierno ha vuelto este miércoles desde el seno de sus filas. Si ayer fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha insistido en que malversar fondos públicos para cometer un delito tan “gravísimo” como el que cometieron los independentistas el 1-O debería tener una consideración agravada.

Los argumentos del Gobierno

El Gobierno cree que el referéndum de autodeterminación que pide ERC para Cataluña es una maniobra de distracción de cara al electorado independentista que no ve delito en las actuaciones del 1 de Octubre. Y es que el Ejecutivo considera que el acuerdo con los republicanos para reformar el Código Penal supone un reconocimiento a la criminalización del procès.
«Esto tiene un gran valor político», inciden fuentes del Gobierno que insisten en que la supresión de la sedición y la reforma de la malversación no les pasará factura porque es en beneficio de la convivencia en Cataluña y la gente lo valorará.