PSOE y Podemos piden 3 años de cárcel para enriquecimiento ilícito de cargos

Madrid (EFE).- El grupo socialista y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar con hasta 3 años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.

Esta enmienda plantea que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar su responsabilidad, según han indicado a Efe fuentes socialistas.

Se trata de la respuesta de los partidos del Ejecutivo a la reforma del delito de malversación impulsada por ERC, y persigue, según ha declarado este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, «luchar contra la corrupción» y «reafirmar esa lucha».

Porque, ha explicado López, actualmente si un cargo público tiene un «enriquecimiento patrimonial desproporcionado» una vez finalizado su mandato, «no pasa nada», pero con la enmienda, aquellos que incrementen su patrimonio o cancelen sus deudas por encima de 250.000 euros de sus ingresos actuales, durante el ejercicio de cargo y hasta cinco años después de abandonarlo, tendrán la obligación de justificarlo.

El nuevo delito contempla penas de prisión de seis meses a tres años, e inhabilitación de entre 2 a 7 años, y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente.

En opinión del portavoz socialista, con este cambio legal «España se situará entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo».

ERC propone distinguir las penas de malversación si existe o no ánimo de lucro

La enmienda de ERC a la reforma del Código Penal propone modificar el delito de malversación que afecta a autoridades y funcionarios para distinguir si esa apropiación indebida de bienes conlleva o no ánimo de lucro para la persona, de forma que fija penas más bajas para quienes no se beneficien personalmente del delito.

Concretamente, la propuesta de ERC que retoca el artículo 432 plantea condenas con horquillas de prisión de dos a ocho años para los casos más graves en los que exista «ánimo de lucro» y de seis meses a tres años para el cargo que «sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

En esta caso, la suspensión de empleo y cargo público será de uno a cuatro años, en tanto que el partido republicano eleva a diez años la inhabilitación en los casos más graves de malversación.

ERC justifica su enmienda en la necesidad de volver en la tipología de este delito a la redacción anterior a la reforma de 1995 ejecutada por el PP, con el objetivo de que la malversación recoja las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro.