Madrid (EFE).- El grupo socialista y ERC han llegado a un acuerdo que rebaja las penas del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, que estará castigado con un máximo de 4 años prisión frente a los 8 que marca el actual Código Penal en su tipo agravado.
Reunida en sesión extraordinaria en la tarde del lunes, la ponencia de la Comisión de Justicia ha incorporado esta y otras enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición y convertirlo en un uno agravado de desórdenes públicos, pasando de un máximo de 15 años de cárcel a 5.
Finalmente, además de esa reforma, se modifica el delito de malversación, por el que también fueron condenados varios dirigentes del procés y por el que están procesados diversos cargos independentistas.
La enmienda transaccional firmada por el PSOE y ERC y apoyada por Unidas Podemos y PNV distingue entre tres tipos de malversación y, según el grupo catalán, ninguno de ellos se corresponde con las conductas que llevaron a organizar el 1-O.
Según el texto pactado para el artículo 432, la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie, o permita que un tercero se apropie, de patrimonio público que tenga a su cargo será castigado con entre 2 y 6 años de cárcel, pena que subirá de 4 a 8 años en su tipo agravado.
Se trata de una redacción similar a la que fija el actual Código Penal para toda la malversación, suponga o no un enriquecimiento personal.
Sin embargo, el artículo 433 incluye otra nueva modalidad de malversación y castigará a quien dé al patrimonio público que administre “una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado”, conducta que estará castigada con cárcel de 1 a 4 años e inhabiliación de 2 a 6 años “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado”.
Si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses.
Según ERC, “este nuevo tipo no se corresponde tampoco con las conductas como la de organización del 1 de octubre, y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público”.
Fuentes del PSOE destacan por su parte que toda malversación está penalizada en una reforma que, lo que consigue, es castigar de forma proporcionada las diferentes conductas posibles.
Hay de hecho otra modalidad de malversación incluida en un nuevo artículo 432 bis, que castigará con pena de prisión de 6 meses a 3 años a quien, “sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio puesto a su cargo por razón de sus funciones”.
“Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos dentro de los diez siguientes al de la incoación del proceso”, se le impondrán las penas del delito de malversación con ánimo de lucro.
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado que cuando el PSOE “traslada una ley, una enmienda transaccional o cualquier otra propuesta” lo hace “con todas las garantías técnicas” y ha enmarcado los cambios en la malversación dentro de la “apuesta por la convivencia y la concordia” en Cataluña y la “lucha constante contra la corrupción”.
“Toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por transparencia, higiene democrática y esa lucha contundente contra la corrupción”, ha comentado para justificar los plazos de tramitación de la reforma del Código Penal, que el Gobierno prevé tener lista a finales de año.
Críticas a la posición de Podemos
En concreto, sobre la enmienda transaccional pactada con ERC ha subrayado que cumplen con las líneas rojas establecidas por los socialistas para reformar delitos como el de malversación en el Código Penal: que no hubiera “ni un solo beneficio para las personas condenadas por corrupción política” y que esté penado “todo uso indebido de fondos públicos” al ser “delito”.
Alegría ha expresado su sorpresa por que Unidas Podemos se haya desmarcado de esta enmienda transaccional, aunque una parte del grupo ‘morado’ haya precisado que no dejará “descarrilar” esa iniciativa para que se incorpore en el texto de la ponencia sobre la reforma del Código Penal, mientras que otra parte del partido tiene muchas más dudas al respecto.
El PP acusa al PSOE de rebajar penas a los malversadores
Del lado del principal partido de la oposición, el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha señalado el “fuerte contraste” que a su entender se produce entre los socialistas europeos, tras la detención de la vicepresidenta Eva Kaili, “detenida por malversación”, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “rebajando la pena a los malversadores en España”.
En este sentido, el dirigente ‘popular’ se ha preguntado si es ser consecuente el que Sánchez presentara una moción de censura en 2018 al Gobierno presidido por Mariano Rajoy “porque combatía la corrupción y ahora rebaja la pena a los corruptos”.
Unidas Podemos no dejará “descarrilar” la iniciativa
Unidas Podemos ha insistido en que no firmará la enmienda transaccional del PSOE con ERC para reformar el delito de malversación dentro de la nueva Ley de sedición y se muestra muy dividido en cuanto a su apoyo, aunque el grupo parlamentario señala que “de momento” no dejará “descarrilar” esa iniciativa para que se incorpore en la ponencia de la ley.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido que el espacio morado “es muy amplio” y que hay un intenso debate en su seno sobre el efecto que la reforma de la malversación podría tener en casos de corrupción.
Ha dejado claro que Unidas Podemos no ha participado directamente en la propuesta ni de ERC ni del PSOE y ha señalado que están estudiando ambas, al tiempo que ha recordado que Unidas Podemos comparte que haya que distinguir la malversación con ánimo de lucro a cuando no la hay.
“Una cosa es apropiarse para beneficio propio y otra desviar presupuestos o despilfarrar o tener gastos injustificados”, ha indicado Asens.
ERC garantiza que su reforma no beneficia a Kitchen ni Griñán
Por su parte, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que los republicanos siguen negociando sobre la reforma del delito de malversación y ha garantizado en ese sentido que la propuesta de su partido no beneficiaría al caso Kitchen ni al del expresidente andaluz José Antonio Griñán.
“Trabajaremos para conseguir la mejor reforma del Código Penal, que permita blindar derechos y evite la persecución política”, ha afirmado en rueda de prensa en la sede republicana Vilalta, que ha defendido las enmiendas presentadas por ERC para regresar al “escenario previo” a la reforma del PP de 2015.
La dirigente ha dejado claro que cualquier modificación será “absolutamente contundente en la persecución de la corrupción” y, con el asesoramiento de juristas, asegurar que “no haya un efecto no deseado de lo que se quiere perseguir”.
En ese sentido, ha dicho que ERC está “convencida” de que la reforma que plantea no beneficiaría al caso Kitchen o al exdirigente socialista Griñán, que en ese caso “ya fue condenado con el código penal anterior a 2015”.
Un “retroceso” contra la corrupción
El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, ha alertado este lunes de que la reforma del delito de malversación para reducir las penas si no hay ánimo de lucro puede suponer un “retroceso” en la lucha contra la corrupción, ya que puede “facilitar vías de escape”.
Llinares ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que la posible modificación del Código Penal tiene una parte “muy positiva”, como es la incorporación, “aunque sea 16 años tarde”, del delito de enriquecimiento ilícito, lo que los anglosajones llaman “las fortunas sucias”.
No obstante, ha criticado la propuesta de generar un tipo reducido en la malversación, donde se diferencie si hay o no ánimo de lucro, pues en su opinión se puede estar perdiendo de vista el bien jurídico que protege el Código Penal con el delito de malversación hasta ahora: el erario público.
A su juicio, plantear reducir considerablemente los años de cárcel si se ha hecho una administración desleal del erario público pero no ha habido un enriquecimiento por parte del autor supone “retroceder” en la lucha contra la corrupción, por la dificultad de poder demostrar si hay o no enriquecimiento.
“Entras en una dinámica dentro del propio proceso donde no es que rebajen la pena, es que pueden acabar en resoluciones o en archivos sin más, por lo difícil que es demostrar este enriquecimiento ilícito, este ánimo de lucro en la pérdida del patrimonio público”, ha alertado.
