Sánchez no descarta tocar el delito de malversación sin afectar a la lucha anticorrupción

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado este martes que se pueda reformar el delito de malversación, pero ha dejado claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción.

Sánchez se ha referido a la posibilidad de modificar ese delito en el marco del debate parlamentario sobre la eliminación del delito de sedición en una conversación informal con los periodistas durante la recepción del Congreso con motivo del Día de la Constitución.

Ante la posibilidad de que ERC aproveche la tramitación de la eliminación de la sedición para pedir también que se modifique la malversación, ha insistido en el argumento del Gobierno y del PSOE de que es necesario esperar a que se presenten las enmiendas y el grupo parlamentario socialista las estudie.

Ha recordado que será el próximo viernes cuando finalice el plazo de presentación de las propuestas de modificación y que será entonces cuando se sabrá si ERC presenta alguna en ese sentido o no.

A la espera de ese momento, lo que ha recalcado el presidente del Gobierno es que no habrá en la tramitación parlamentaria ningún retroceso en las medidas de lucha contra la corrupción política ni en las penas asociadas a ella.

Al plantearle si podría haber alguna modificación de la malversación que beneficiara al expresidente andaluz José Antonio Griñán, ha reiterado sus argumentos y ha dicho que creía haber sido suficientemente claro garantizando que no se retrocedería en la lucha anticorrupción.

Enmiendas a la reforma del Código Penal por la sedición

Sánchez sí ha avanzado que el grupo socialista presentará también enmiendas el viernes ante la reforma del Código Penal por el delito de sedición, pero no ha ofrecido ningún detalle de las mismas y ha emplazado a ese día para conocer su contenido.

Además, ha defendido el derecho comparado, algo en lo que han insistido otras fuentes del Gobierno que han citado en concreto los códigos penales de Francia, Alemania, Italia o Portugal.

En cualquier caso, estas fuentes han garantizado que los cambios que pueda haber no serían «un coladero».

Para diferenciar lo que es corrupción y lo que no lo es contrastan la situación del extesorero del PP Luis Bárcenas con la de un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar el ayuntamiento y que los destina a pagar nóminas porque no tiene otros recursos para ello.

Este último caso no sería corrupción, señalan las fuentes, que subrayan que si saliera adelante alguna modificación de la malversación, no afectaría a la situación de Griñán.

La propuesta de Sánchez sobre el delito malversación, un trabajo complejo

Otras fuentes del Ejecutivo consideran que sería muy complejo reformar el delito de malversación sin que afecte a casos de corrupción, pero resaltan que lo primero que habría que hacer es hablar con expertos.

El presidente del Gobierno ha vuelto a defender las decisiones que ha ido adoptando a lo largo de la legislatura para rebajar la tensión en Cataluña como los indultos concedidos a los líderes independentistas del procés.

Cree que esa política ha contribuido a estabilizar lo que considera una de las mayores crisis de la democracia, y con la eliminación de la sedición opina que se va a abrir definitivamente una nueva etapa en Cataluña en la que va a primar la política.

Por ello está convencido de que la normalización y estabilización de Cataluña será un activo de su Gobierno.

El PP se refiere a Rufián como «el mayor penalista de España»

El PP rechaza la posible reforma del delito de la malversación, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está abierto a modificar, y reprocha que sea ERC, y su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, el «mayor penalista de España».

El principal partido de la oposición lleva días sosteniendo respecto a la malversación que Sánchez hará «lo que diga ERC» y así lo ha recalcado en el Día de la Constitución el entorno de Alberto Núñez Feijóo. Para el PP esto supone un síntoma más de la degradación institucional y la «amenaza» que a su juicio sufre la Constitución.