Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes su primer informe anual europeo sobre inmigración y peticiones de asilo, donde identifica a España entre los países que podrán acceder al futuro mecanismo europeo de solidaridad, por situarse entre los cuatro que reciben una mayor llegada de inmigrantes.
El documento publicado por el Ejecutivo comunitario hace una fotografía de la situación migratoria y de asilo en la UE, identifica a los Estados miembros que asumen una mayor carga de este tipo y propone un «contingente anual de solidaridad» para hacer frente a los diferentes niveles de presión migratoria.
Según el documento, España e Italia «se encuentran bajo presión migratoria debido a un número desproporcionado de llegadas tras la búsqueda y el salvamento en el mar» durante el último año.
Grecia y Chipre también se encuentran «bajo presión migratoria debido al nivel desproporcionado de llegadas» en el mismo periodo, según el informe de la CE.
Estos cuatro Estados miembros podrán acceder al contingente de solidaridad, el instrumento de solidaridad de la UE para los Estados miembros sometidos a presión migratoria que aún debe definirse, y que se espera que entre en vigor a mediados de 2026.
El cruce ilegal de fronteras baja un 35 %
El informe de la UE también refleja una mejora continua de la situación migratoria durante el período de referencia (julio de 2024 a junio de 2025), con una reducción del 35 % del cruce ilegal de fronteras, también debido a una mayor cooperación con los países socios.
No obstante, señala retos como «la continua presión de las llegadas irregulares y los movimientos no autorizados dentro de la UE, la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, la militarización de la migración por parte de Rusia y Bielorrusia en las fronteras exteriores y la cooperación en materia de retornos y readmisión«.
Además, para ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a «amenazas híbridas» y al aumento de las incursiones de drones, la Comisión lanzará en breve una licitación de 250 millones de euros en apoyo de la compra de capacidades de drones y antidrones.
Un sistema de solidaridad por definir
Aunque la CE propuso este martes formalmente la creación del primer contingente de solidaridad para abordar las necesidades de los Estados miembros sometidos a presión migratoria del que podría beneficiarse España, el contenido de esa propuesta no se ha hecho pública por el momento en virtud de lo acordado por el Pacto de Migración y Asilo.
Los Veintisiete deberán ahora adoptar la propuesta de la Comisión y determinar el tamaño del contingente de solidaridad y la forma en que cada Estado miembro contribuirá en función de su parte equitativa.
Una vez que los Estados miembros adopten la decisión sobre el contingente de solidaridad, las contribuciones solidarias de los Estados miembros serán públicas y jurídicamente vinculantes.
Esas contribuciones podrían tomar la forma de ayudas financieras, reubicación de inmigrantes, asumir la responsabilidad de demandantes de asilo u otras medidas alternativas, según la CE.
El acceso a este sistema estará además condicionado al cumplimiento de «obligaciones de responsabilidad» incluidas en el citado Pacto de Migración y Asilo, la normativa migratoria común adoptada el año pasado -y en la que se basa el informe de este martes- y el futuro contingente de solidaridad.
¿20.000 euros por solicitante de asilo rechazado?
El mecanismo de solidaridad se definió en el acuerdo sobre la gestión de la migración y el asilo, uno de los diez actos jurídicos que forman el Pacto europeo.
Según lo negociado el año pasado, cada país miembro deberá contribuir al mecanismo de solidaridad, pero podrá elegir si lo hace financieramente, o bien aceptando refugiados, o mediante apoyo operativo y técnico a los países bajo mayor presión migratoria.
Como mínimo, según dicho acuerdo, ese mecanismo de solidaridad deberá resultar cada año en 30.000 solicitantes de asilo reasentados en otros países de la UE y en 600 millones de euros en contribuciones financieras.
En la práctica, eso podría significar que aquellos países -como Hungría o Polonia- que no quieran acoger refugiados y opten, por tanto, por la contribución económica, tendrán que asumir una factura de alrededor de 20.000 euros por cada solicitante de asilo que rechacen.
Para confirmar esas cifras, sin embargo, será necesario esperar a que los Estados miembros adopten su decisión sobre el contingente de solidaridad.
