Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea anunció este viernes la apertura de un procedimiento de infracción contra todos los Estados miembros de la UE, salvo Chequia, por no haber adaptado completamente su legislación nacional a la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética.
«Hasta la fecha, solo Chequia ha notificado la transposición completa de la Directiva dentro del plazo legal. La Comisión envía, por tanto, cartas de emplazamiento a los otros 26 Estados miembros», indicó el Ejecutivo en un comunicado.
Las capitales, que tenían hasta el pasado 11 de octubre para adoptar los ajustes introducidos en esa normativa en 2023, disponen ahora de dos meses para responder, completar su transposición y notificarla a la Comisión.
Reducir el consumo de energía
Si Bruselas no encuentra satisfactoria la respuesta, puede dar un segundo paso y emitir un dictamen motivado, último escalón antes de denunciar el caso al Tribunal de Justicia.
«Las nuevas normas fijan un objetivo vinculante para lograr en el conjunto de la UE una reducción del 11,7 % en el consumo final de energía de aquí a 2030 (en comparación con las proyecciones de 2020)», recordó la Comisión Europea en un comunicado.
La legislación también exige que el sector público actúe con el ejemplo, reduciendo su propio consumo final de energía en un 1,9 % cada año (en comparación con los niveles de 2021) y renovando al menos un 3 % anual de los edificios públicos.
Los Estados miembros deben también garantizar que los centros de datos informen sobre datos relativos a la eficiencia energética, entre otros puntos.
España, expedientada por no actualizar la lista de materia prima para biocarburantes
Por otra parte, la Comisión Europea también abrió un procedimiento de infracción a España, junto con otros 14 Estados miembros, por no haber transpuesto dentro del plazo legal la lista actualizada de materias primas para la producción de biocarburantes y biogás utilizados en el sector del transporte.
Las modificaciones, incluidas en un anexo de la Directiva de Energías Renovables, debían transponerse a la legislación nacional antes del 14 de septiembre de 2025, según el Ejecutivo comunitario.
La lista enumera nuevas materias primas de las que deriva la producción de biogás y biocarburantes utilizados principalmente en el sector del transporte.
«Estos combustibles se promueven en la Directiva de Energías Renovables debido a su menor impacto ambiental en comparación con los biocarburantes convencionales (biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros)», explicó el comunicado.
La Comisión envió cartas de emplazamiento a los 15 Estados miembros, incluida España, que no han llevado a cabo la transposición completa y que disponen ahora de dos meses para responder, completar su transposición y notificar a la Bruselas.
«En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado», concluyó el comunicado.
Expedientados por no adoptar las nuevas normas financieras
Además, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España y otros doce países de la Unión Europea por no haber incorporado a su legislación nacional las nuevas reglas que les piden sancionar a quienes incumplan la normativa sobre registros consolidados de datos financieros.
El Ejecutivo comunitario ha enviado cartas de emplazamiento, además de a las autoridades españolas, a las de Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía, que ahora tienen dos meses para comunicar a Bruselas qué medidas tomarán para implementar estas medidas.
Se trata, en concreto, de las enmiendas a la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros que pedían a los Estados prever sanciones para quienes infrinjan ciertas disposiciones nuevas relativas a los llamados «registros consolidados», que se introdujeron en el Reglamento de la UE sobre mercados financieros.
Estos registros, recordó la Comisión Europea en un comunicado, centralizan datos sobre los precios y volúmenes de instrumentos financieros, como acciones o bonos, que se comercializan en cientos de mercados bursátiles de los Estados miembros en una única plataforma, accesible a todo el mundo.
«Proporcionando información casi en tiempo real sobre las condiciones de precios en todas la UE, los registros consolidados permiten a los usuarios, como inversores o ‘brokers’, tomar decisiones mejor informadas», señaló el Ejecutivo comunitario.
La Comisión considera que la transposición total de estas medidas a las legislaciones de los 27 Estados miembro, añadió, es «clave» para asegurar que se ponen en marcha con éxito estos registros y para la aplicación del reglamento sobre mercados financieros.
Los Estados, que tenían hasta el pasado 29 de septiembre para completar este trámite, cuentan ahora con dos meses para finalizarlo y responder a la Comisión Europea que, de no quedar satisfecha con la respuesta, puede avanzar un expediente de infracción que en última instancia le permite llevar a los Gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
