Bruselas (EuroEFE).- Las instituciones europeas han cerrado un acuerdo provisional sobre la legislación que permitirá crear centros para deportar a países terceros a migrantes indocumentados y solicitantes de asilo, y que busca restringir la admisibilidad de las solicitudes, una medida criticada por España y por grupos defensores de los refugiados.
El acuerdo, cerrado en la madrugada del miércoles al jueves entre representantes del Consejo (países UE) y el Parlamento Europeo, debe aún ser confirmado por ambas instituciones para su adopción oficial.
La normativa revisa el concepto de tercer país seguro y amplía las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible.
El concepto de tercer país seguro permite a los Estados miembros denegar una solicitud de asilo por inadmisible (es decir, sin examinar su contenido) cuando los peticionarios podrían haber buscado y, de ser elegibles, recibido protección internacional en un país no perteneciente a la UE que se considere seguro para ellos.
En adelante, ya no será obligatorio que exista una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país para poder utilizar el concepto y deportar al peticionario a ese territorio.
Otra opción para rechazar la solicitud será que el solicitante haya transitado por el tercer país antes de llegar a la UE o si existe un acuerdo o convenio con un tercer país seguro que garantiza que la solicitud de asilo de una persona será examinada.
Los menores no acompañados quedarán excluidos del concepto de tercer país seguro.
Otra novedad será que el solicitante que recurra una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrá un derecho automático a permanecer en la UE mientras dure el proceso de apelación.
Marruecos y Colombia, entre los países «seguros»
La semana pasada, los Estados miembros de la UE dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados «seguros», que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión al bloque.
España, al igual que Francia y Portugal, votó en contra de la medida, al recalcar sus «serias dudas jurídicas» al respecto y considerar que el texto «rompe con la integridad» del pacto migratorio y de asilo.
El ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE hasta final de año, dijo en un comunicado que «miles de migrantes se ahogan en el mar Mediterráneo o son maltratados por traficantes de personas que ganan fortunas a su costa» y que «es fundamental que tomemos medidas para detener los factores de atracción que mantienen un sistema insalubre e inhumano».
Las modificaciones del concepto de tercer país seguro empezarán a aplicarse el mismo día en que tendrá lugar la plena aplicación del pacto migratorio, el 12 de junio de 2026, y serán directamente aplicables en los Estados miembros.
La normativa sobre los terceros países se ha inspirado en el caso de Italia, que en 2024 abrió unos centros en Albania desde los que pretendía repatriar a aquellos inmigrantes sin derecho a asilo rescatados en el Mediterráneo. Sin embargo, tras varias intentonas, el proyecto ha sido impedido por los tribunales italianos y europeos.
Estos centros, actualmente inutilizados, han sido objeto de críticas por derroche por parte de la oposición, aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostiene que espera que la situación cambie con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Amnistía Internacional describió hace meses la propuesta como «impracticable, cara e inhumana«, mientras que el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) denunció que el plan «restringe gravemente las garantías procesales y los derechos de los migrantes de apelar contra la decisión de retorno y la detención».
