Lisboa (EuroEFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la nueva ley de nacionalidad después de que el Tribunal Constitucional anunciara esta semana que considera contrarios a la Carta Magna varios artículos del texto, aprobado por el Parlamento con los votos de la alianza conservadora del Gobierno y la ultraderecha.
El jefe de Estado realizó el anuncio en un comunicado publicado por la Presidencia de la República, donde explicó que devuelve la propuesta de alteración de la ley de vuelta al Parlamento sin promulgarla con motivo del parecer de la corte, tras una solicitud del Partido Socialista (PS) para que se revisaran varios artículos del texto.
Tras la decisión del Constitucional, «el presidente de la República devolvió a la Asamblea de la República, sin promulgación, (…) los Decretos de la Asamblea» sobre los cambios «a la Ley de Nacionalidad y al Código Penal», precisó Rebelo de Sousa en la nota.
En una carta enviada al presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar Branco, el presidente de Portugal explicó que veta estas alteraciones de acuerdo a lo que dicta la Constitución lusa, que establece que si el TC se pronuncia por la inconstitucionalidad de una norma, esta deberá ser vetada por el jefe de Estado.
Cuatro normas inconstitucionales
Al anunciar su decisión este pasado lunes, el presidente del Tribunal Constitucional, José João Abrantes, explicó en una comparecencia que el pleno de la corte halló inconstitucionales cuatro normas del decreto del Parlamento para alterar la ley de nacionalidad, habiéndose pronunciado por unanimidad sobre tres y por mayoría sobre una.
Una de las propuestas que la corte vio inconstitucional por unanimidad es la que busca impedir el acceso a la ciudadanía portuguesa a quien haya sido condenado por un delito a dos o más años de prisión en el país, al considerar que se pone en riesgo el vínculo de integración en la comunidad lusa.
Otras son el punto que establece que la consolidación de la nacionalidad no debe operar en situaciones de «fraude manifiesto» y el que señala que la concesión de la ciudadanía queda pendiente de la fecha de entrada en vigor de los cambios en la legislación para comprobar que se cumple con los requisitos.
La cuarta propuesta declarada inconstitucional, que fue aprobada por la mayoría de jueces del Constitucional y un voto de disenso, estipula la cancelación del registro de nacionalidad si se registran conductas opuestas a la integración en la comunidad portuguesa y sus instituciones.
Código Penal
El tribunal también declaró inconstitucionales algunos puntos de una alteración del Código Penal, aprobada en octubre en el Parlamento, en paralelo al proyecto de ley de nacionalidad, que contempla la pérdida del pasaporte portugués para los condenados a penas de prisión igual o superiores a cuatro años por delitos contra la vida, la integridad física o infracciones terroristas, entre otros, cometidos en los diez años posteriores a la naturalización.
El Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, ya se encontró con escollos para sacar adelante la ley de Extranjeros, con restricciones a la reagrupación familiar de migrantes, que finalmente fue promulgada aunque tuvo que pasar dos veces por el Parlamento, después de que Rebelo de Sousa enviara el texto al Constitucional.
