Lisboa (EuroEFE).- La Policía de Portugal llevó a cabo este miércoles una veintena de registros a petición de la Fiscalía Europea como parte de una investigación por un presunto fraude de subvenciones relacionado con la reforestación en el archipiélago portugués de Madeira, con un perjuicio estimado de 3,6 millones de euros.
En el marco de este caso, la Fiscalía Europea ha imputado formalmente a cinco personas, entre ellas tres funcionarios públicos, así como a dos empresas.
Así lo informaron la Policía Judicial (PJ) portuguesa y la Fiscalía Europea en sendos comunicados, en los que indicaron que se han registrado domicilios de varios sospechosos, entidades públicas y empresas investigadas tanto en Funchal, capital Madeira, como en Lisboa.
In an investigation led by the EPPO in Lisbon 🇵🇹, codenamed ‘Terra Queimada’ (Scorched Earth), multiple searches were carried out today as part of a suspected €3.6 million subsidy fraud involving EU funds for reforestation in Madeira. @PJudiciaria
— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) February 25, 2026
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Presuntas irregularidades en procedimientos de contratación pública
La investigación, nombrada ‘Tierra quemada’, está relacionada con el programa ‘Portugal 2020’, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y concretamente con un programa de desarrollo rural para la Región Autónoma de Madeira, destinado a la reforestación, financiado por la UE con más de 3,8 millones de euros.
De esta cifra total, ya se han pagado al menos 3,6 millones de euros a los beneficiarios investigados.
La investigación se refiere a presuntas irregularidades en procedimientos de contratación pública y se entiende que pudo haber habido un conflicto de intereses entre los beneficiarios de los fondos y los proveedores, lo que podría haber perjudicado los intereses financieros de la UE y de Portugal, detalló la Fiscalía Europea en su escrito.
También se alega que las subvenciones se obtuvieron ilegalmente con la ayuda de funcionarios públicos de los organismos responsables de la gestión de los fondos.
Los hechos investigados pueden constituir delitos de fraude cualificado en la obtención de subvenciones, participación económica en negocios, recepción indebida de ventajas, corrupción y blanqueo.
