Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea señaló este jueves que la normativa comunitaria no se opone a la obligatoriedad de la baliza V-16 en España, un dispositivo que se ajusta al marco jurídico europeo y busca «mejorar aún más» la seguridad, pero precisó que debe informarse de los requisitos técnicos exigidos a los fabricantes.
Así lo explicó en una comparecencia oral un funcionario del Ejecutivo comunitario ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y también lo señaló la institución por escrito en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el dispositivo luminoso obligatorio en España desde el 1 de enero de 2026 para señalizar vehículos parados por avería o accidente.
El técnico de la Dirección General de Movilidad hizo un repaso del ordenamiento legal aplicable para explicar que la medida respeta la Convención de Viena sobre circulación, que regula la señalización internacional.
«Las autoridades españolas han usado las prerrogativas de la Convención», dijo el eurofuncionario, quien agregó que los conductores con vehículos matriculados en otros países podrán seguir usando en España los triángulos tradicionales y que los españoles podrán usar la baliza en otros Estados miembros.
España es «campeón en seguridad vial»
Agregó que España es un «campeón de la seguridad» vial que tiene una tasa de 35 víctimas por millón de habitantes en carretera, frente a la media de 44 en el conjunto de la Unión Europea, y subrayó la conclusión de las autoridades españolas sobre las situaciones de peligro que puede generar el uso del triángulo.
El objetivo de la baliza -que mostró en la audiencia- es también «modernizar el enfoque», pues el dispositivo incorpora tecnología de geolocalización y es visible a 1.000 metros.
Críticas de eurodiputados
En el turno de los eurodiputados, la popular Elena Nevado, sin embargo, criticó con dureza la baliza y aseguró que el Gobierno de España ha «impuesto un dispositivo que nadie más necesita en Europa» y que genera «enormes gastos y confusión, y muchas dudas jurídicas entre los españoles».
Aseguró también que la Administración española ha adquirido dispositivos a un precio por encima del mercado y sembró dudas sobre posibles irregularidades en relación con los fabricantes de esas balizas.
En un segundo turno de palabra, la eurodiputada leyó una respuesta parlamentaria recién publicada, como contestación a una pregunta escrita dirigida al vicepresidente de Industria de la Comisión Europea, Stefan Sejourné, en la que su departamento concluía que los requisitos técnicos.
«El uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros», señala esa respuesta.
«No obstante, la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior (…) que las autoridades españolas tendrían que justificar», agrega.
La socialista Sandra Gómez, por su parte, aseguró que la controversia busca sólo generar «ruido» contra «algo tan razonable que no creo que mereciera la pena ni que leyera todos los argumentos jurídicos en los que hemos trabajado».
Argumentó que la medida española no distingue por nacionalidad, sino por país de matriculación, como las homologaciones, y recordó que los Estados miembros disponen de un «amplio margen en materia de seguridad vial» y no se vulnera la normativa europea.
Por parte de Vox, el eurodiputado Juan Carlos Girauta criticó que, tras publicitar la medida, se cambiaran las especificaciones.
«Yo compré una hace más de un año y hace muy poco se anunció que las balizas que se habían comprado no valían, y que sólo iba a ser válida una baliza en concreto comercializada por una empresa muy pequeñita. No prejuzgo, pero es una anomalía», dijo.
Consideró que el requisito de geolocalización dificulta la competencia y agregó que hay especialistas médicos que han avisado de posibles riesgos para personas con marcapasos.
El independiente del grupo de los conservadores y reformistas Diego Solier dijo que es «complicado defender chiringuitos como estos» y pidió que siga abierta la petición mientras el europarlamentario de Se Acabó la Fiesta Luis «Alvise» Pérez alegó «discriminación» a los transportistas españoles.
La comisión de Peticiones de la Eurocámara dejó abierto el expediente y pidió a la Comisión Europea envíe por escrito su postura.
