Bruselas (EuroEFE).- Las organizadoras de la iniciativa ciudadana europea «My Voice, My Choice» sobre el derecho al aborto estimaron este jueves que once países europeos, entre ellos España, estarían dispuestos a usar su asignación del Fondo Social Europeo para ayudar a abortar a mujeres que lo necesiten en cualquier otro Estado miembro, como aquellos donde es actualmente ilegal.
La Comisión Europea descartó este jueves crear un fondo específico para este fin, como le habían pedido las impulsoras de esta iniciativa y había respaldado el Parlamento Europeo, pero recalcó que cualquier país puede usar recursos comunitarios para reembolsar a una mujer los gastos del tratamiento o incluso del viaje, en el caso de que se vea obligada a desplazarse para sortear una prohibición.
«Los Estados miembros pueden, si así lo desean, usar el Fondo Social Europeo + para mejorar el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluyendo un aborto seguro. Por eso, la Comisión considera que no es necesario hacer una propuesta para un acto legal que establezca un nuevo fondo como se solicitaba», explicó el Ejecutivo comunitario en su respuesta.
Bruselas apunta a que los países que estén dispuestos pueden usar el Fondo Social Europeo + para financiar tanto los propios tratamientos abortivos como el desplazamiento a otro país para recibirlos en el caso de que la paciente esté en un país, como Polonia, donde esté ilegalizada esta práctica.
En cualquier caso, esto no supone dinero nuevo ni el fondo específico que pedía la iniciativa ciudadana.
Según la Comisión, los fondos europeos que ya existen «permiten medidas que mejoren el acceso al aborto mientras que no interfieran con las competencias de los Estados miembros», a quienes corresponde decidir si el aborto es legal o no en sus territorios.
«Cualquier instrumento financiero debe ser plenamente neutral respecto al lugar de procedencia o residencia del paciente y no puede ir dirigido específicamente a mujeres de países donde el aborto en cuestión no fuese legalmente posible», remarcó la Comisión.
Cuentan con que 11 países respondan de forma positiva
En una rueda de prensa, la portavoz de la iniciativa, Nika Kovac, dijo que cuentan con que once países respondan positivamente a esta idea, que es voluntaria: España, Eslovenia, Francia, Estonia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Rumanía, Austria y Polonia.
Fuentes de Moncloa han confirmado que «España usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo al derecho al aborto».
Kovac aseguró que la respuesta de la Comisión no se trata de «la victoria que querían», ya que no crea un fondo nuevo ni supone dinero fresco, pero sí es una victoria porque «por primera vez confirma de manera inequívoca que el dinero europeo puede usarse para garantizar el acceso a un aborto seguro», ya que es «una cuestión de salud pública y justicia social».
«Siempre tuvimos claro que queríamos más», reconoció Kovac, que estimó que harán falta entre tres y siete millones de euros anualmente para garantizar el acceso seguro al aborto a los miles de mujeres que no pueden acceder a él por cuestiones geográficas, económicas o legales.
WE WON! pic.twitter.com/2JtV7FCsM6
— My Voice My Choice (@MVMC_24) February 26, 2026
Varios Estados miembros instan a Bruselas a tomar medidas
Por otra parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Eslovenia, Suecia, Dinamarca y Estonia instaron también en una carta conjunta a la Comisión Europea a «tomar medidas para definir cómo se podría aplicar en la práctica» la iniciativa ciudadana.
«Desde nuestra perspectiva común, ninguna persona debería verse obligada a continuar con un embarazo contra su voluntad debido a barreras legales, económicas, geográficas o más ampliamente socioeconómicas que socavan la igualdad de acceso (al aborto) en la práctica», recalcaron los líderes en la carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
