Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) aprobó este jueves las cláusulas de salvaguardas que ha previsto para el acuerdo comercial con Mercosur, con la intención de proteger a los agricultores ante las exportaciones y caídas de precios de productos sensibles para el sector primario europeo.
Estas cláusulas se activarían en un plazo de 21 días si hay un incremento superior al 5 % de las importaciones a la UE de productos sensibles desde los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), o si los precios de esos mismos productos europeos caen más de un 5 %.
Entre los productos sensibles se encuentran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar, y en el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.
#Mercosur: @EUCouncil formally adopted the EU-Mercosur bilateral safeguards regulation.
— EU Council Press (@EUCouncilPress) March 5, 2026
These rules will protect 🇪🇺 farmers from import surges, ensuring swift action in case of severe market disruptions for agricultural products.
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Las salvaguardas entrarán en vigor 20 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, no obstante, aún no ha empezado a aplicarse, pese a que ambos bloques lo firmaron el pasado 17 de enero en Paraguay y a que Brasil, Argentina y Uruguay ya lo han ratificado.
Para que pueda empezarse a implementar de forma provisional, Bruselas tiene que enviar una nota verbal a Paraguay (como guardián del acuerdo), y cada país latinoamericano que lo haya ratificado debe hacer lo propio ante la Comisión Europea.
El senado paraguayo aprobó el miércoles el acuerdo, lo que supone el paso previo a la ratificación, mientras el Parlamento Europeo está esperando a que el Tribunal de Justicia de la UE valide su legalidad conforme a los tratados europeos, un pronunciamiento que podría tardar hasta dos años.
A la espera de que la Eurocámara lo ratifique, el pacto se implementará de forma provisional.
Normas contra prácticas comerciales desleales agrícolas
Por otra parte, el Consejo de la UE, adoptó definitivamente este jueves la actualización de la legislación para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro del sector agroalimentario con el objetivo de mejorar la cooperación entre Estados miembros.
«Estas nuevas normas reforzarán la cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales de los diferentes Estados miembros y les otorgarán una mayor participación en la definición del futuro de la cadena de suministro alimentario», dijo en un comunicado Maria Panayiotou, ministra de agricultura de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El texto aprobado hoy introduce, entre otras novedades, un «mecanismo de asistencia mutua» que permitirá a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley solicitar e intercambiar información, así como colaborar en investigaciones relacionadas con prácticas comerciales desleales y ejecutar sanciones impuestas en otro Estado miembro.
.@EUCouncil approves a deal to tackle cross-border unfair trading practices, ensuring farmers and businesses benefit from fairer terms.
— EU Council Press (@EUCouncilPress) March 5, 2026
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También incluye disposiciones relativas a la cobertura de costes en casos de asistencia mutua, así como sobre la protección de datos y la confidencialidad de la información para garantizar que los proveedores estén a salvo de represalias, y un mecanismo de actuación coordinada en casos de prácticas comerciales desleales transfronterizas a gran escala que impliquen al menos a tres países de la UE.
Por último, la actualización contiene normas para que los Estados miembros puedan cooperar cuando esas prácticas se den por parte de compradores de terceros países, ya que alrededor del 20 % de los productos agrícolas y alimentarios consumidos en un Estado miembro proceden de otro país de la UE.
El nuevo reglamento entrará en vigor 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE «para dar a los Estados miembros tiempo para preparar la implementación de este nuevo marco legal», señaló el comunicado europeo.
