Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adoptado aún dos directivas en materia de IVA, entre ellas las que permitiría a pymes españolas aplicar una exención de este gravamen cuando operan en otros Estados miembros.
Bruselas abrió expediente a España por estos asuntos en enero del pasado año y lanzó sendos ultimátums al país en julio del mismo año, pero, según la Comisión, España todavía no ha comunicado la incorporación a su derecho nacional de las dos directivas, y además «es el único Estado miembro que no lo ha hecho».
«Por tanto, la Comisión lleva a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la imposición de sanciones pecuniarias«, explica el Ejecutivo comunitario.
«Por tanto, la Comisión lleva a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la imposición de sanciones financieras», explica el Ejecutivo comunitario.
Pymes
La primera de las normativas que España no ha adoptado a nivel nacional deja a los Estados miembros decidir libremente si quiere aplicar dentro de sus propias fronteras el llamado IVA franquiciado que permite no repercutir el IVA a las pymes que facturen menos de 85.000 euros al año.
España ha indicado que «no tiene intención» de aplicar esta exención que es «opcional» para los países en el ámbito doméstico. Sin embargo, Bruselas subraya que «debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros».
«Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas», explica la institución.
La segunda directiva que España incumple contempla disposiciones obligatorias con respecto al lugar de prestación de determinados servicios cuando son retransmitidos o estén disponibles en línea, así como el régimen especial del IVA para productos de segunda mano, trabajos artísticos, antigüedades y artículos de coleccionista.
En este sentido, la Comisión apunta que el hecho de que España no haya adoptado estas normas «conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y aplicarán normas diferentes».
