Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea alejó este lunes la posibilidad de flexibilizar las reglas de disciplina fiscal para el gasto ligado a la crisis energética, como ha pedido Italia, y subrayó que los Estados miembros ya cuentan con fondos europeos y con mayor margen para conceder ayudas públicas para afrontar este tipo de gastos.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pedido por carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que se extienda la flexibilidad que proporciona la llamada cláusula de escape nacional de las reglas fiscales para el gasto en defensa a las inversiones y medidas extraordinarias para afrontar la crisis energética, sin modificar los límites máximos de desvío establecidos por la misma.
La Comisión Europea, que confirmó haber recibido la carta y dijo que responderá tan rápido como sea posible, subrayó a través de un portavoz que «en este momento el foco está puesto en hacer uso de la importante financiación de la Unión Europea disponible» a través de instrumentos como el fondo de recuperación de la pandemia Next Generation o los fondos de cohesión.
Además de los 300.000 millones de euros para inversiones energéticas que ya se han utilizado, quedarían otros 95.000 millones del presupuesto comunitario disponibles, según el Ejecutivo comunitario.
Más allá de esos fondos, Bruselas ha modificado recientemente las normas de ayudas de Estado para apoyar este tipo de inversiones en el «contexto de escasez y altos precios de la energía», con el fin de movilizar también mayor inversión privada, añadió el portavoz.
«Estamos monitorizando la situación de cerca, también con relación a la energía, y estaremos listos para mirar en el marco de las flexibilidades existentes en el marco de gobernanza fiscal de la UE», dijo la portavoz jefa de la institución, Paula Pinho, quien rehusó entrar en «detalles» sobre el contenido de la carta.
España también ha defendido otorgar al gasto en infraestructuras energéticas o las inversiones para apoyar el despliegue de energías renovables el mismo trato del que goza el gasto en defensa tras la última revisión de las reglas presupuestarias de la UE, que limitan el déficit y la deuda públicas.
En concreto, los países que lo deseen pueden aumentar el gasto en defensa entre 2025 y 2028 hasta un 1,5 % de su PIB sin que éste sea incluido en el cálculo del déficit público para examinar si se ha cumplido con el límite del 3 % que fijan los tratados.
Centrase en los hogares y las empresas vulnerables
La idea ha sido rechazada de plano por algunos socios, como Países Bajos, mientras que la Comisión Europea ha insistido en que los países deben centrarse en que las medidas que adopten frente al encarecimiento de la energía se focalicen en los hogares y empresas más vulnerables y sean temporales, algo que no siempre se cumplió en el caso de las aprobadas a raíz de la guerra en Ucrania.
La primera ministra italiana ha llegado a sugerir en su misiva, a la que tuvo acceso EFE, que si no concede esa flexibilidad para el gasto de la energía, su país podría no recurrir al programa SAFE por el que los Estados invertirán en compras conjuntas de defensa.
