Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo refrendó este martes, con 511 votos a favor, 87 en contra y 61 abstenciones, el acuerdo con los Estados miembros que coordina los sistemas de seguridad social para facilitar la movilidad laboral, tras casi una década de negociaciones fallidas.
¿Quién paga el desempleo?
La norma establece que el país donde se trabaja y cotiza asuma el desempleo de los transfronterizos, siempre que hayan cotizado allí de forma ininterrumpida al menos 22 semanas. De momento, paga el país de residencia, aunque el trabajador nunca haya cotizado allí.
También amplía de tres a seis meses el período mínimo de exportación de prestaciones por desempleo para quienes trasladan su residencia a otro Estado miembro.
«A la tercera va la vencida. Esta vez sí, el resultado es bueno», celebró la ponente del expediente, la alemana Gabriele Bischoff (S&D), en la sesión plenaria del lunes, a lo que se sumó el eurocomisario de Economía, Valdis Dombrovskis, para quien el texto «es un buen acuerdo para los trabajadores, para las empresas y para la administración pública«.
La reforma, acordada con los Estados miembros y la Comisión Europea el pasado abril, busca corregir la asimetría que permite a países como Luxemburgo o Austria beneficiarse de los aportes de trabajadores que cotizan en sus sistemas, mientras otros Estados asumen el coste de su desempleo.
Impulsada por Bruselas en 2016, llevaba casi una década bloqueada tras dos intentos fallidos de acuerdo, en 2019 y 2021.
Menos trámites, más control al fraude
El acuerdo fija además un momento claro para notificar los desplazamientos de trabajadores -antes de empezar la actividad, frente a la fórmula ambigua vigente- y estandariza el certificado de cobertura, aunque exime de este trámite los viajes y desplazamientos de hasta tres días al mes, salvo en construcción.
Fuentes parlamentarias indicaron que cerca del 40 % de los trabajadores desplazados por sus empresas a otro país de la UE pertenecen a este sector.
Asimismo, endurece los criterios para identificar dónde opera realmente una empresa -no solo su dirección postal, sino dónde decide o genera negocio- y facilita el cruce de datos entre países para detectar fraude, con el fin de frenar a las ‘empresas buzón’.
«Se protegerán mejor los derechos básicos de los trabajadores y aumentará la transparencia contra el ‘dumping’ social y la explotación del trabajador. Además, no habrá rémoras ni puertas traseras por las que se cuelen cláusulas ocultas», defendió el lunes Bischoff.
El acuerdo también introduce una definición común de los cuidados de larga duración, reglas más claras sobre prestaciones familiares durante la crianza y el acceso a un seguro médico para ciudadanos inactivos que no puedan optar a uno por otra vía.
Diez millones de trabajadores móviles
En 2024, 10,1 millones de ciudadanos de la UE en edad de trabajar vivían en un país distinto al de su nacionalidad y 1,87 millones eran transfronterizos, un 46 % más que en 2012, según un informe de febrero del Ejecutivo comunitario. Alemania es el principal destino (3,2 millones, 32 %) y España la segunda, con 1,25 millones de trabajadores móviles.
Luxemburgo, con un 45 % de fuerza laboral transfronteriza, tendrá hasta siete años para adaptarse, frente a los dos del resto de países.
El Consejo deberá adoptar ahora el texto, que se firmará y publicará tras una revisión jurídico-lingüística.
