Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) dieron este viernes luz verde a la revisión del plan de recuperación diseñada por el nuevo Gobierno de Hungría, con el que Budapest quiere acceder a unos 10.000 millones de euros en ayudas, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.
Los Veintisiete han aprobado el plan de recuperación negociado de antemano entre el Ejecutivo que lidera Péter Magyar y la Comisión Europea para desbloquear el desembolso de unos fondos que en la práctica estaban congelados bajo el mandato de Viktor Orbán.
A finales de mayo, Magyar y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunciaron en una rueda conjunta un acuerdo sobre la revisión del plan, que incluye nuevas medidas para «reforzar la independencia judicial y el Estado de derecho«, fortalecer el marco húngaro contra la corrupción o aumentar la transparencia en las licitaciones públicas, entre otras cuestiones.
The Council has approved a new recovery and resilience plan for 🇭🇺.
— EU Council (@EUCouncil) July 10, 2026
The EU's recovery and resilience facility supports reforms and investments to accelerate the green and digital transitions, while boosting resilience and sustainable growth.
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Cumplir los compromisos adoptados
El paso de hoy permite a Budapest empezar a solicitar los desembolsos una vez vaya cumpliendo con cada una de las reformas pactadas, aunque para ello tendrá que ceñirse a los plazos que establece el fondo de recuperación y que limitan al 31 de agosto el tiempo para cumplir los compromisos adoptados.
El acuerdo de mayo también supuso el desbloqueo de otros 6.400 millones de euros en fondos de cohesión y todos ellos respondían al prolongado pulso entre las instituciones comunitarias y Orbán, marcado por las constantes advertencias europeas sobre el deterioro democrático de Hungría y la controversia por la aprobación de leyes restrictivas contra el colectivo LGTBIQ, entre otros aspectos.
El grueso del dinero se encontraba retenido desde diciembre de 2022, cuando fueron activados unos inéditos mecanismos de protección del presupuesto comunitario debido a lo que consideraron deficiencias en materia de independencia judicial, vulneraciones de derechos civiles y riesgos de corrupción sistémica durante el mandato de Orbán.









