Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea registró un total de 13.010 irregularidades en la gestión de fondos comunitarios en 2025, lo que supone un 7,6 % menos que el año anterior, aunque el coste de todas ellas ascendió a 2.100 millones de euros, un 12,8 % más que en 2024, según el informe anual sobre gestión financiera publicado este martes por la Comisión Europea.
De todas las irregularidades detectadas, aquellas que están relacionadas con actividades fraudulentas cayeron el pasado año a los 986 casos, frente a los 1.456 detectados en el ejercicio anterior, que estuvo marcado por un aumento significativo tras cuatro años (de 2020 a 2023) destacados por la estabilidad en las cifras.
Así, los casos de fraude representaron el 7,6 % del total de irregularidades y un impacto económico conjunto de 274,3 millones, que es un 49 % inferior al observado en 2024, año en el que se registraron varios casos con elevado impacto financiero.
Según la Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la mayoría de los casos de fraude están relacionados con la falsificación de documentos, principalmente facturas, el cumplimiento de criterios de admisibilidad o la declaración incorrecta del valor, mientras que los no fraudulentos fueron la declaración errónea de mercancías en aduana o infracciones en el marco de licitaciones en la Política de Cohesión.
🇪🇺The report shows that there is stronger prevention and improved cooperation among the EU's anti-fraud architecture and outlines how that architecture will be modernised ahead of the next Multiannual Financial Framework. 📷
— European Anti-Fraud Office (OLAF) (@EUAntiFraud) July 28, 2026
Prevención
A pesar de la caída en el número de irregularidades fraudulentas, la OLAF ha remarcado que «el fraude que afecta al presupuesto de la UE sigue evolucionando» y esto «requiere unas herramientas cada vez más sofisticadas y una cooperación estrecha entre autoridades nacionales y europeas».
«Cada euro perdido por fraude es un euro robado a los contribuyentes europeos», enfatizó en un comunicado el comisario europeo de Presupuestos y Lucha contra el Fraude, Piotr Serafin, quien, no obstante, destacó que el informe demuestra que el bloque «está reforzando cada etapa de la lucha contra el fraude, desde la prevención hasta la recuperación» de fondos.
En particular, el informe subraya los «avances significativos» en materia de prevención gracias a la inversión en detección temprana, el intercambio de información, los mecanismos de exclusión y la creación de capacidades que «han permitido a las autoridades identificar actividades sospechosas antes de que se pierdan fondos de la UE».
«Este enfoque preventivo reduce las pérdidas financieras y limita la necesidad de recurrir a procedimientos de recuperación largos», apunta la OLAF, institución que, junto con la Comisión Europea, ha «evitado que se gastaran indebidamente más de 658 millones de euros» en los últimos diez años.
Puntos débiles contra el fraude
Aun así, el informe también señala los puntos débiles del marco europeo contra el fraude, en particular que las investigaciones siguen siendo «largas y complejas» y la necesidad de estrechar la colaboración entre autoridades administrativas, de investigación y judiciales, así como mejorar el intercambio de información especialmente cuando los casos entran en fase judicial.
El presupuesto de la UE para 2025 ascendía a 199.400 millones de euros en compromisos de pagos (el límite máximo que el bloque podía asignar) y 155.200 millones en pagos (el dinero máximo que se puede abonar). La mayoría de los recursos se canalizan a los Estados miembros a través de fondos regionales de la Política de Cohesión o de los programas de la Política Agrícola Común (PAC).
A ello hay que sumar los desembolsos que se hicieron en el marco del fondo europeo de recuperación, puesto en marcha por el bloque tras la pandemia de coronavirus con una dotación original de 800.000 millones de euros hasta 2026.
