Bruselas (EuroEFE).- Las grandes empresas tecnológicas son las que más influyen en la Comisión Europea (CE) para que acelere el desarrollo de nuevos centros de datos, en detrimento de las normativas que protegen el medio ambiente y la protección de las comunidades donde se instalan, según advirtió la ONG Corporate Europe Observatory (CEO).
Según un informe de esta entidad, que investiga la influencia de los ‘lobbies’ corporativos en la Unión Europea (UE), las grandes tecnológicas, junto a sus consultoras y asociaciones sectoriales, representaron el 93,73 % de los encuentros que mantuvo el Ejecutivo comunitario desde el inicio de su mandato -en diciembre de 2024- hasta el pasado mes de junio.
En total, hasta 160 empresas hicieron ‘lobby’ en 367 reuniones donde trasladaron a las instituciones comunitarias sus propuestas sobre la regulación del mercado europeo de centros de datos.
📊 More than 9 out of 10 meetings on data centres were with corporate lobbyists. Microsoft, Amazon and Google led the charge. A meager 1.36 percent of meetings were with civil society organisations
— Corporate Europe Observatory (CEO) (@corporateeurope.org) 6 de noviembre de 2026 a las 9:07
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Las grandes ‘Big Tech’ estadounidenses -encabezadas por Microsoft, Amazon y Google- acapararon la mayoría de encuentros, sumando en conjunto 41 reuniones, mientras que el grupo francés OVH -el mayor proveedor europeo de servicios en la nube- fue el principal representante de la UE.
El estudio también destaca las posturas similares defendidas por los operadores europeos de centros de datos como Siemens y Schneider Electric, que se benefician de la expansión de estos centros porque actúan como proveedores de los gigantes tecnológicos.
Entre las demandas de las tecnológicas, destacan la agilización de los permisos de construcción de centros de datos, normas ambientales más laxas y restricciones a la capacidad de las comunidades locales para impugnar estos proyectos, claves para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).
En cambio, el informe denuncia que los entes locales donde se instalan estos centros, grupos ecologistas, pequeñas empresas y académicos presentaron propuestas alternativas, «pero sus aportaciones fueron, en su mayor parte, ignoradas».
Las principales reivindicaciones de estos grupos se centran en el elevado consumo de agua y energía de estos centros, el ruido, los costes de electricidad y la apropiación de terrenos.
Críticas a las instituciones comunitarias
El informe critica que la «lista de deseos» de las grandes tecnológicas se haya hecho realidad en la UE «a pesar de todo su discurso sobre la soberanía tecnológica».
«La UE ha mantenido sus puertas abiertas a las grandes empresas tecnológicas y sigue asumiendo su narrativa. El resultado es un conjunto de políticas profundamente defectuosas que probablemente intensificarán nuestra dependencia digital, al tiempo que obstaculizan los objetivos climáticos de la UE y limitan la democracia local», expresó en un comunicado Margarida Silva, una de las investigadoras del informe.
También tacha de «preocupante» que las propuestas finales «reflejen las posturas defendidas por las grandes empresas tecnológicas y las grandes compañías europeas que colaboran con ellas» y lamenta que «la presión ejercida por los grupos de interés ha priorizado la rapidez frente a salvaguardas ambientales significativas y el derecho de las comunidades afectadas a ser escuchadas».
En respuesta a la entidad que elaboró el informe, un portavoz del Ejecutivo comunitario declaró que Bruselas «ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas, investigadores y centros de estudios durante la preparación de la iniciativa y desde su adopción e hizo referencia a talleres elaborados».
El caso de Aragón
El estudio cita la situación acontecida en Aragón (noreste de España) , cuyo gobierno regional buscó atraer inversiones de grandes tecnológicas a través de la calificación como Proyectos de Interés General (PIGA) a planes para construir de centros de datos, como uno otorgado a Amazon.
El estatus, que agiliza la obtención de permisos y permite obtener licencias de uso del suelo en menos de doce meses, ha generado una gran contestación por parte de residentes, municipios y asociaciones locales y ambientalistas que han motivado la fundación de movimientos sociales como ‘Tu nube seca mi río’.
«Las propuestas resultantes priorizaron la rápida expansión por encima de la soberanía, la participación democrática y la sostenibilidad. Lo que está ocurriendo en Aragón es un presagio de lo que podría suceder en toda Europa», advierte el informe.
