Ginebra (EFE).- Gobiernos de diversos países europeos están adoptando políticas o discursos que excluyen directa o indirectamente a migrantes y extranjeros del acceso a la vivienda, alertó este miércoles el relator de la ONU Koldo Casla, quien puso como ejemplo casos en España, Bélgica, Irlanda y Reino Unido.
«Europa está experimentando un giro nativista profundamente preocupante. Un número creciente de gobiernos y actores políticos están alimentando un discurso tóxico que culpa a los migrantes de la falta de vivienda asequible», señaló en un comunicado el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.
En este sentido, el relator hispano-británico ha dirigido misivas a cuatro gobiernos del continente, entre ellos el español, al que expresó su preocupación por el uso del principio de ‘prioridad nacional’ por parte de los gobiernos de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.
Ese principio, indicó el comunicado, «desprende un lenguaje discriminatorio, al presentar a los migrantes como los culpables de la sobrecarga de los servicios públicos».
El discurso que responsabiliza a la migración de problemas como el de la escasez de vivienda, aseguró Casla, «forma parte de una repugnante política destinada a crear divisiones entre las comunidades» y «no se corresponde con la realidad».
La imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, agregó, es más bien consecuencia de múltiples factores relacionados con la especulación o la falta de inversión pública.
«Lejos de ser la causa de todos los males, los migrantes que trabajan duro sostienen los servicios públicos que la inmensa mayoría de los europeos valora», afirmó el experto de Naciones Unidas.
Los casos en Bélgica, Reino Unido e Irlanda
Otros ejemplos de «giro nativista» citados por el relator son las políticas de acceso a la vivienda en Bélgica (especialmente en Flandes) basadas en determinados requisitos institucionales y de comportamiento, relacionados con el dominio de la lengua y con el vínculo con la localidad.
En el Reino Unido hay normas que excluyen a la mayoría de los migrantes de ayudas del Estado para acceder a la vivienda, y en Irlanda un nuevo proyecto de ley en esta materia establece estrictos requisitos de residencia para poder recibir asistencia oficial, lo que también puede perjudicar a muchos hogares, denunció.
Estos casos o el español «no constituyen excepciones en el continente», alertó el comunicado, en el que se recuerda que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea tienen tres veces menos probabilidades de ser propietarios de vivienda, y que su renta es aproximadamente un 25 % menor.
