Alrededor de 390.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Extremadura, comunidad autónoma que lidera este indicador (tasa AROPE) con un 36,9 % de su población, casi once puntos más que la media nacional.
Pensiones y salarios inferiores a la media estatal, la inflación, el gasto en vivienda y el alza de los precios energéticos lastran la recuperación de los hogares en Extremadura, la región que presenta mayor proporción de personas en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza y donde la renta media por persona es más baja.
Informe
Son datos y consideraciones del estudio “El estado de la Pobreza 2022” de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Extremadura que este martes ha sido presentado en la Asamblea de esta comunidad autónoma.
A pesar de que en Extremadura se reduce la brecha de género, las mujeres siguen sufriendo en mayor medida la pobreza, pues la tasa AROPE en mujeres es del 38,4 % frente al 35,3 % entre hombres.
Además, el 43,2 % de la población rural en Extremadura está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, diez puntos porcentuales más que en el ámbito urbano.
La tasa de riesgo de pobreza en Extremadura es del 30 %, la más elevada de España, pues se estima que cerca de 320.000 personas son pobres, de las que 163.000 son mujeres y 152.000 hombres. En esta comunidad autónoma, el 39,8 % de las pensiones son inferiores al mínimo para no ser considerado en situación de pobreza. De estas, el 22,2 % corresponden a prestaciones por viudedad recibidas mayoritariamente por mujeres.
Datos
El 10,2 % de la población extremeña vive en hogares con ingresos inferiores a los 560 euros al mes, el cuarto porcentaje más alto del país sólo por detrás de Andalucía, Canarias y Murcia. Según la edad, el grupo de mayores de 64 años presenta mayor incidencia de pobreza (35,4 %). De las 234.000 pensiones que se perciben en Extremadura, dos de cada cinco, presen ta un importe inferior al umbral de pobreza severa (480 euros).
Asimismo, el 13,6 % de la población pobre extremeña tiene gastos en viviendas superiores al 40 % de su renta disponible, según refleja el citado informe, en el que se señala que Extremadura es una de las cinco comunidades autónomas que presenta una mayor tasa de privación de material y social severa, pues ha aumentado del 7,6 % al 9,7 %.
En Extremadura, un 23,1 % no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, casi seis puntos porcentuales más que en 2021. Por lo que respecta al empleo, el 12,5 % de las personas ocupadas están en riesgo de pobreza y una de cada de tres personas pobres (32,9 %) tiene un empleo remunerado. En general, el 55,7 % de la población extremeña experimenta dificultades para llegar a fin de mes.
Análisis
La presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, ha apelado a la unión de la sociedad en su conjunto para afrontar un momento histórico, como el actual, “complicado” y “difícil”. “Estamos viviendo un momento histórico de principios de siglo tremendamente complicado en los cuales es importante que estemos unidos”, ha destacado Martín, quien ha reconocido que le preocupan situaciones con trascendencia global, como lo que está sucediendo en Oriente Medio, así como lo que sigue ocurriendo en Ucrania y la llegada a España de personas migrantes huyendo de conflictos, sequías o persecuciones.
Ante esta situación “compleja” y “difícil” ha insistido en afrontarlas como una sociedad unidad en todos los ámbitos. A juicio de la presidenta de la Asamblea, estas situaciones tendrán también consecuencias a nivel global en lo que se refiere a los índices de pobreza. Ha destacado que la pobreza es visible, pero también existe un tipo de pobreza invisible que tiene que ver, por ejemplo, con el estado de vulnerabilidad que presentan trabajadores cuyos salarios no les permiten vivir con dignidad.
Junta de Extremadura
La secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, María Teresa Angulo, ha abogado por políticas “eficaces”, “transversales” y coordinadas por todas las administraciones públicas para hacer frente a las desigualdades. Una coordinación en la que también deben participar los agentes sociales y el Tercer Sector, ha incidido.
En su opinión, todas las administraciones “debemos pensar y abordar” si las políticas en esta materia están siendo las adecuadas o las suficientes “para que haya estos porcentajes tan altos”. “Habrá que evaluarlas y analizar el impacto” de las mismas, ha agregado. En este sentido, ha defendido la necesidad de acometer medidas “transversales” en el sistema de protección para generar condiciones de una vida digna, para lo cual es necesario que abarquen áreas como la sanidad, la educación, el empleo y la fiscalidad, así como de ámbito salarial.
“No puede haber desigualdades entre españoles en las políticas públicas en función de donde uno nace o vive”, ha expuesto Angulo. EFE
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