Mérida (EFE).- Los empleados de la Junta de Extremadura cobrarán en la nómina del mes de noviembre las cantidades adeudadas por la subida salarial del 0,5 por ciento, con efecto desde el 1 de enero de 2023.
Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha indicado que de este modo se consolida el incremento del 3 por ciento para este año, y que ha cuantificado en 12 millones de euros el importe total de la subida.
Además, los empleados de la Administración General recibirán en la nómina de octubre el abono de la carrera profesional de nivel 3, que supone una cuantía de 1,5 millones de euros hasta final de este año.
Según Bazaga, estos abonos suponen “un alivio” para las familias, afectadas por la subida de los precios y es una “muestra de compromiso” de la Junta con su principal activos, como son sus empleados.
Flexibilizar PAC
La Junta de Extremadura flexibilizará los requisitos de los agricultores y ganaderos extremeños para recibir los pagos de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
Victoria Bazaga ha informado de esta medida, solicitada por las organizaciones profesionales agrarias, entre ellas UPA-UCE, que hoy había reclamado en una comparecencia pública que se adoptara esa flexibilización de manera urgente.
La portavoz ha explicado que la Junta ha decidido llevar a cabo esta actuación ante la pasividad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a facilitar las condiciones para recibir los pagos de la PAC, a pesar de la difícil situación que vive el campo por la sequía y el elevado conste de los insumos.
La consejera no ha precisado más al respecto, ya que ha dicho que este compromiso se materializará en una resolución que se presentará en breve, y ha señalado que esta flexibilización será similar a la aprobada en la campaña anterior para que agricultores y ganaderos hicieran frente a la falta de lluvias.
Ha reconocido que “la PAC es muy complicada” y el Gobierno de María Guardiola con esta medida tratará de que sea “más fácil y más justa”.
Entre las medidas que UPA-UCE reclama a la Junta de Extremadura destacan algunas como reducir el periodo de mantenimiento de pastoreo efectivo de 120 a 90 días o aumentar el índice de barbecho máximo del 20% actual al 40% de la superficie de cultivo.
Rebaja precios enseñanzas especiales
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado, entre otras medidas, un decreto por el que se establecen los precios públicos correspondientes a las enseñanzas de régimen especial impartidas en centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que como novedad incluyen una reducción del 50 por ciento para las algunas modalidades online.
Según la reseña del Consejo, estas enseñanzas son las de idiomas de régimen especial impartidas en Escuelas Oficiales de Idiomas; las elementales y profesionales de música y danza en Conservatorios, las deportivas de régimen especial en Institutos de Educación Secundaria; las profesionales de artes plásticas y diseño, superiores de diseño en la Escuela de Arte y Superior de Diseño y los estudios superiores de arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático.
Con esta nueva regulación se mantienen los precios públicos de enseñanzas impartidas en las escuelas oficiales de idiomas pero como novedad, en el caso de las clases no presenciales, se introduce una reducción del 50 por ciento para los cursos de 60 como para los de 120 horas.
Según Bazaga, de esta manera se responde a una petición de estos centros para que pueda ser atendida la gran demanda existente en la modalidad a distancia y que resultaba inaccesible para muchos alumnos por su elevado coste.
También se ha establecido el precio público para cursos de idiomas de 30 horas, que es una nueva modalidad que ofertan las escuelas oficiales de idiomas.
Asimismo, en este decreto se establece el régimen de bonificaciones y exenciones que se aplicarán a los precios públicos.
Así, se mantienen las ya establecidas y se extienden a otros colectivos como el de las personas que acrediten tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho, así como a sus hijos, a las víctimas de la violencia de género, a quienes tengan el estatus de refugiado o protección subsidiaria en España y a las personas que tengan la condición legal de demandantes de empleo.
