Mérida, 24 ene (EFE).- El proyecto de regadío de Tierra de Barros, con 15.000 hectáreas en pleno corazón de la provincia de Badajoz, se “embarra” al haber entrado en una fase de acusaciones mutuas ante la demora de inicio del mismo, a la vez que 200 familias miran con asombro y con preocupación la estabilidad económica del sector agrícola.
Partidos políticos, organizaciones agrarias, regantes y administraciones se miran y se acusan mutuamente de que el proyecto no termine de despegar. Es más, el Gobierno central y el extremeño se han responsabilizado mutuamente y el Ejecutivo regional ha anunciado que solicitará una investigación en el Parlamento autonómico.
El grifo de la tensión lo abrió estos días el consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, quien declaró que el proyecto de Tierra de Barros ha sido una “estafa” del antiguo Ejecutivo autonómico (PSOE) a los regantes y a la ciudadanía extremeña, ya que, según expuso, sus responsables “sabían que este proyecto no iba a salir”.
Higuero mostró una carta de la Comisión Europea que agradecía a Fernández Vara “la decisión de eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto de regadío de Tierra de Barros, y su compromiso de no iniciar la ejecución de este desarrollo hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión”, según expresa la misiva. A partir de ahí, el manantial de de reacciones ha sido extenso y diverso.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha lamentado “el engaño” que los socialistas, “con exclusivo interés electoralista”, han perpetrado sobre los regantes en relación a este proyecto. Esa carta, ha dicho Guardiola, demuestra que “desechaban y renunciaban a este proyecto porque no podía ser financiado”. “Es un proyecto por el que vamos a pelear con transparencia. Pero la realidad es la que es”, ha agregado.
Por contra, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, considera que “debe preguntarse a la actual Junta de Extremadura qué ha hecho” con este proyecto, ya que su desarrollo estaba “listo” para licitarse el verano pasado.
Reacciones políticas
Desde el PSOE se ha instado a Gardiola a que aclare tanto su gestión como la de su consejero en este proyecto, pues el anterior Gobierno regional de Guillermo Fernández Vara “dejó el proyecto listo para ejecutarse”. “Vara dejó el proyecto listo para ejecutarse, con todas las autorizaciones necesarias y lo más difícil: la financiación de la comunidad autónoma asegurada”, han reiterado fuentes del PSOE, que acusan al PP y Voz de “mentir”.
Para el PP, el anterior gobierno socialista actuó con “deslealtad y oscurantismo” al no informar en tiempo y forma sobre la paralización del proyecto de regadío. A su juicio, la Junta presidida por Guillermo Fernández Vara “actuó de forma torticera, con fines claramente electoralistas” al silenciar el estado real de este proyecto. “No sabemos ni siquiera qué le transmitió el señor Vara al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para que éste valorara positivamente la eliminación de datos y referencias al proyecto de regadíos por parte de la Junta en 2021”, han remarcado fuentes del PP.
En opinión de la portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, estaba “más que claro”, como ha dicho su formación desde hace tiempo, que era “un engaño insostenible”, y ha lamentado que en Extremadura se siga apostando por grandes proyectos “que no van a ningún sitio, que solo benefician a cuatro especuladores y que no benefician a la agricultura familiar”.
“Nosotros ya dijimos en muchas ocasiones que era insostenible, no solo por la falta de agua, sino porque el propio estudio ambiental decía que solo era viable si se mantenían las ayudas europeas a los cultivos”, ha agregado.
Organizaciones agrarias
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura ha solicitado a la Junta a tener acceso a toda la documentación del proyecto de regadío y ha exigido “responsabilidades políticas e incluso penales, en el caso de que las hubiera”, por la presunta ocultación de su paralización por parte del anterior Gobierno extremeño.
“No se puede permitir jugar con las ilusiones y la viabilidad de miles de explotaciones por caprichos políticos, son los técnicos los que tendrían que estar hablando de la viabilidad o no de este proyecto y el resto a asumirlo”, han afirmado desde la Unión, que lamenta que haya “muchas declaraciones, muchas acusaciones entre partidos políticos, muchos compromisos, pero todavía no se ha puesto un ladrillo” para un proyecto que auguran se convertirá “en el mismo culebrón que el AVE de Extremadura”.
Para la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, el proyecto necesita “voluntad política” y ha asegurado no sentirse engañada por el anterior Gobierno extremeño, que dejó un “proyecto muy avanzado”. “Han sido muchos los pasos que hemos dado y no vamos a parar al final del camino”, ha dicho su presidente, Isidro Hurtado.
“Estamos hablando del futuro de una región en pleno corazón de Tierra de Barros, pues la agricultura como la conocemos hoy no tiene mucho futuro; hay que apostar por el regadío para que los agricultores se puedan desarrollar profesionalmente”, ha añadido.
Por su parte, UPA-UCE Extremadura ha pedido una reunión con el consejero Ignacio Higuero, para que clarifique cuanto antes la situación en la que se encuentra el proyecto. Su secretario general, Ignacio Huertas, ha expresado su “sorpresa y preocupación” por las noticias sobre un proyecto que pensaban “que estaba listo para ejecutarse”, y del que todos los pasos acometidos para su desarrollo están publicados Diario Oficial de Extremadura.
Tanto la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) como Apag Extremadura Asaja han anunciado que emprenderán acciones legales y acudirán a la vía judicial si se confirma el “fraude” cometido por el expresidente de la Junta de Extremadura con este proyecto.
Ambas entidades han acusado al expresidente extremeño y a su consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, de “engañar” a más de 1.500 regantes de la comarca y “jugar con sus sentimientos e ilusiones” al pensar que sus tierras podrían ser más rentables, así como “enfrentar a muchos agricultores con un proyecto en el que hay seguidores y detractores”. EFE
