Mérida, 27 mar (EFE).- PP y Vox han registrado este jueves la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura que derogará la Ley de Memoria Histórica y Histórica regional, que suscriben ambas formaciones de forma conjunta y que parte de la «reconciliación» que supuso la Transición española.
El impulso a esta propuesta de ley, que abarca desde 1931 y que incluye a las víctimas del terrorismo, formaba parte del acuerdo alcanzado entre PP y Vox que permitió sacar adelante el decreto ley de medidas fiscales.
El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura y senador, Ángel Pelayo, ha informado a los periodistas del registro de la propuesta en un receso de la sesión plenaria que se celebra este jueves.
Contenido
La propuesta de ley señala en su exposición de motivos que «nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo».
«Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época», añade el texto.
A juicio de los proponentes, la legislación debe fomentar la reconciliación y no «juzgar colectivamente a los españoles de entonces, pues contribuye a dividir a la sociedad de hoy a costa del ayer».
La propuesta de ley «reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en Extremadura durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días».
Exhumaciones
Además, establece que «los procedimientos iniciados y no concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley decaerán, a excepción de los procesos de exhumación, que continuarán rigiéndose por la normativa anterior».
En este sentido, recoge que la Junta de Extremadura adoptará las medidas necesarias para la prestación del servicio de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas que se encuentran en paradero desconocido, con la finalidad de entregarlos a sus familiares y concederles una sepultura digna.
Esto será, precisa, «de conformidad con la preferencia manifestada y con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política de la víctima y de sus familiares».
La iniciativa de PP y Vox disuelve las comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico que hubieran sido creadas con la ley de memoria histórica de 2019 que se deroga.
PP y Vox
Pelayo (VOX) ha recordado que esta iniciativa también formaba parte del pacto de gobernabilidad firmado entre ambos grupos que permitió la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y ha considerado que la ley de memoria histórica «no contempla a todas las víctimas».
En su opinión, se trata de una ley «revanchista, sectaria y frentista. «La izquierda se empeña en mantener abierto un conflicto de hace noventa años», ha dicho. «Parece que el general Franco va entrar por esa calle montado a caballo», ha ironizado.
En este marco, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha expuesto que esta propuesta de ley de concordia se sostiene en los principios y valores de la transición y de la Constitución, «reconociendo y dignificando a todas las víctimas», incluidas las del terrorismo.
«Se trata de una Ley que huye del enfrentamiento, la ideología y el sectarismo», ha dicho Sánchez Juliá, quien ha recordado que el PP siempre se mostró contrario a la actual Ley de Memoria Histórica de Extremadura, aprobada en 2019 por PSOE y Podemos.
Sánchez Juliá ha abogado por recuperar el espíritu de la transición, «en el que todo el mundo quepa y se reconozca, un espíritu en el que nadie quede señalado y todo el mundo tenga los mismos derechos».
Además, ha asegurado que la ley de Concordia seguirá reconociendo la investigación histórica «sin sectarismo» y trabajando en las exhumaciones y en las localizaciones «para reconocer los derechos de todas las víctimas”.
En este mismo sentido, Pelayo ha asegurado que los derechos de los descendientes de las víctimas de ambos bandos respecto a los restos de sus antepasados están «garantizados».
PSOE y Unidas
Para las portavoces de PSOE y Unidas por Extremadura, Piedad Álvarez e Irene de Miguel, respectivamente, Guardiola ha extrapolado el acuerdo PP y Vox en la Comunidad Valenciana, el denominado «pacto de El Ventorro», a Extremadura.
A juicio de Álvarez, Guardiola «está centrada entre la extrema derecha y la más extrema derecha, que es donde ella se siente cómoda”.
Para el PSOE, esta propuesta de Ley de Concordia «no busca reparar ni reconocer a las víctimas, sino todo lo contrario», pues, entre otras claves, «invisibiliza a las víctimas LGTBI durante la dictadura y diluye e invisibiliza el sufrimiento de las víctimas».
Según Álvarez, la derogación de la Ley de Memoria Histórica es el primer paso en el camino de recortar derechos y acabar con las organizaciones que defienden a quienes son diferentes y contra los sindicatos que luchan por los derechos laborales, incluida la Ley de LGTBI.
Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha afirmado que el PP ha hecho suya la propuesta de Vox a cambio de obtener el apoyo de esta formación política a sus medidas fiscales.
De hecho, De Miguel ha recordado que hace dos meses el PP se opuso a la propuesta de ley de Vox, pero ahora ha tenido que apoyarla «para poder sacar adelante» sus medidas fiscales.
“A Guardiola cada vez más se le está poniendo cara del señor Mazón, comprando las tesis de la extrema derecha, con tal de agarrarse al sillón”, ha añadido.
