Mérida, 9 sep (EFE).- El Gobierno extremeño trabaja contrarreloj por garantizar la prestación del servicio en 242 rutas de transporte escolar, cuyo curso comienza este jueves, después de que «un grupo minoritario» de empresas haya incumplido el acuerdo firmado entre ambas partes en 2024 para tal fin.
De hecho, la presidenta extremeña, María Guardiola, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, permanecen reunidas esta mañana con las empresas que sí han acudido a la licitación del servicio y ya tienen adjudicadas sus rutas al objeto de abordar cómo atender las rutas que carecen de respuesta por parte de algunas empresas.
En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno extremeño, Elena Manzano, a pregunta de los medios de comunicación, ha afirmado que el Ejecutivo mantiene «un trabajo incansable» para dar respuesta a los cerca de 7.000 alumnos que están afectados por las rutas que aún no están aseguradas.
Denuncia
«No vamos a permitir coacciones», ha advertido Manzano, quien ha recordado que la Junta interpuesto una denuncia en un juzgado de Mérida en la que pide medidas cautelares para garantizar dichas rutas al entender que «es grupo minoritario» de empresas ha incumplido el acuerdo que fue firmado entre empresas y la Junta en 2024.
La denuncia penal se ha interpuesto «debido a las conductas y coacciones ejercidas por determinadas empresas con ocasión de los procedimientos de contratación de las rutas de transporte escolar».
A juicio de Manzano, aquel acuerdo recoge un incremento del 20 % de aportaciones económicas para la mayoría de las rutas y de un 50 % para algunas, lo que se traduce en «una mejora de 16 millones de euros» para este servicio.
La consejera ha remarcado que hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que «utilizaremos -ha incidido- para garantizar la prestación del servicio».
Empresarios
Antes de asistir a la citada reunión, los representantes de las empresas han reconocido que se enteraron de la denuncia de la Junta de Extremadura a ese «grupo minoritario» a través de los medios.
La representante de Etransa, Nerea Carpintero, ha asegurado que no tienen ni datos «de quién es ese grupo minoritario ni siquiera del sentido de la querella que haya podido interponer la Junta».
Por su parte, el representante de Arebus, Julián Calatayud, ha recalcado que las asociaciones que han asistido a la reunión, sus «asociados», han participado en la adjudicaicón del resto de rutas.
Ambos han recalcado que desconocen el futuro de las 240 rutas que continúan sin cubrir, pero creen que solución «siempre hay, pero depende lo que planteen, depende de cómo se pueda hacer porque vehículos hay los que hay y conductores hay los que hay».
