Mérida (EFE).- Cerca de 200.000 personas sufren en Extremadura exclusión social en sus distintas manifestaciones, el 19,2 %, situación marcada por la inestabilidad laboral y los problemas con la vivienda que baja en 4 puntos porcentuales con respecto a 2018 y roza la media nacional actual (19,3 %).
Estos son algunos de los datos del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, que ha sido presentado este viernes por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, el director de Cáritas de Extremadura, José Luis Espinosa, y la técnica del estudio Marina Sánchez-Sierra.
A juicio de Sánchez-Sierra, tras dos décadas de crisis, las recuperaciones no han cerrado la brecha y existe un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores, provocando un mayor aumento de las tasas de desigualdad.
Según el informe, referente a 2024, el 42 % de la población extremeña se encuentra en situación de integración plena; un 38,7 de integración precaria; el 9,7 % en exclusión social moderada y un 9,5 % en exclusión severa.
Ejes económico, político y relacional
El estudio abarca tres ejes como el económico, el político y de ciudadanía, y relacional con dimensiones como el empleo y el consumo; la participación política, la educación, la vivienda y la salud; y conflicto y aislamiento.
El 21,9 % de los extremeños está afectado por algún problema de exclusión en el eje económico, y el 49,4 lo está en el político y de ciudadanía, y el 16,2 % presenta carencias en el relacional.
Los problemas en las dimensiones de educación y vivienda son los más prevalentes, que afectan al 25 y al 22,1 % de la población, respectivamente.
Sin embargo, Extremadura muestra una mejora en la situación en consumo, participación política y vivienda, con respecto a la media nacional.
Respecto al anterior informe de 2018, empeora la dimensión de conflicto social, educación, participación política y aislamiento social. Mejoran las dimensiones de empleo y consumo.
Empleo y vivienda
Además de estas mejoras en Extremadura, el informe señala como «buena noticia» la reducción de la tasa de riesgo de pobreza desde 2021, que pasa del 32 al 27 %, lo que afecta a unas 288.000 personas, superior al 19 % del país, la cifra más baja desde 2018.
Según el informe, a pesar de que en los últimos seis años el número de personas ocupadas aumentó y se redujo la temporalidad, el empleo ha perdido la capacidad «integradora» por el estancamiento de los salarios, el precio de la vivienda y la precariedad laboral.
«Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja», ha subrayado Marina, pues el 17 % de los hogares de la región se ven afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).
Sobre la vivienda, Sánchez-Sierra ha explicado que se ha convertido en el «epicentro de la desigualdad y exclusión» y uno de cada diez personas en Extremadura convive con inseguridad residencial o problemas de habitabilidad, mientras que el 37 % de la población en alquiler está en riesgo de pobreza.
Salud y diferencias por edades y nacionalidad
El informe advierte que el 17 % de la población extremeña está afectada por problemas vinculados con la salud y más del 10 % de los hogares tienen dificultades para acceder a servicios y productos sanitarios.
Asimismo, el 14,4 % declara tener mala o muy mala salud mental; un porcentaje del 15 % entre la población en exclusión severa, frente al 2 % entre quienes están plenamente integrados.
Además, desde 2018 se ha triplicado el número de hogares en los que alguien pasa hambre, de 0,9 al 3 %.
Otro de los datos que destaca el informe es que la tasa de exclusión en menores de 18 años (30 %) triplica a la de las personas mayores de 65 años (9 %), y sube al 34 % en hogares con dos o más menores, frente al 15 % de los hogares formados solo por adultos.
Otro de los «rostros» de la exclusión son las personas de nacionalidad extranjera, que afrontan tasas 2,8 veces superiores a los españoles, 48 frente al 17 %.
El mito de la pasividad
«No fallan las personas, falla el sistema; el mito de la pasividad de la situación de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones, es falso», ha expuesto Sánchez-Sierra.
Así, según sus responsables, la mitad de las personas que acuden a Cáritas están trabajando y tres de cada cuatro hogares activan estrategias de inclusión, pero se encuentran con «dispositivos fragmentados, recursos insuficientes o respuestas poco adaptadas a ellos».
El director regional de Cáritas ha abogado por que este informe sea un punto de partida para la acción de los agentes políticos y sociales a la hora de transformar la realidad.
Agilizar el desbloqueo político
Así, a preguntas de los medios, ha pedido que se agilicen las políticas «cuanto antes» en la región, llegue «a buen término» el diálogo entre los grupos políticos y acabe la «parálisis» en las instituciones.
En este sentido, el arzobispo extremeño ha instado a combatir la cultura del «descarte» desde la «fraternidad universal» y haya un cambio de perspectiva social y cultural.
Por su parte, la técnico del estudio ha apuntado que entre las propuestas para reducir estos datos están ampliar el parque público de alquiler social y mecanismos que frenen la subida de precios de vivienda, así como reforzar la protección social.
