Mérida (EFE).- La Policía Nacional ha liberado a once trabajadores de origen extranjero en situación de extrema vulnerabilidad y víctimas de explotación laboral en cuatro restaurantes de comida rápida tipo ‘kebab’ en las ciudades de Cádiz y Badajoz.
En esta operación han sido detenidas cuatro personas y se da por desarticulada una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz.
Las víctimas, procedentes principalmente de Pakistán, habían abandonado sus países de origen huyendo de situaciones de pobreza extrema, precariedad laboral y graves problemas de seguridad, según ha informado la Policía en nota de prensa.
Situación irregular y condiciones precarias
«Muchas de ellas soportaban importantes cargas familiares y habían emprendido su viaje con la esperanza de encontrar oportunidades laborales en Europa», ha apuntado.
Así, una vez en España, y encontrándose en situación administrativa irregular, aceptaban trabajos en los citados establecimientos de hostelería, donde, según la Policía, eran sometidos a condiciones laborales y de vida extremadamente precarias.
En algunos casos, las víctimas residían en los propios locales donde trabajaban, durmiendo en sillas y sin disponer de colchones.
Utilizaban los baños destinados al público para su aseo personal y se alimentaban con la comida disponible en el establecimiento, según los investigadores.
Jornadas de 14 horas y no más de 100 euros
Además, sus jornadas laborales se prolongaban entre doce y catorce horas diarias, en ocasiones sin percibir salario o recibiendo remuneraciones mínimas.
Según la Policía, otros trabajadores eran alojados en viviendas, donde convivían hacinados con otros compatriotas en condiciones insalubres, llegando a detectarse colchones infestados de chinches.
Según la investigación, las víctimas, que en algunos casos no cobraban más de 100 euros, estaban sometidas a un «férreo control» por parte de los responsables de la organización, mediante cámaras de seguridad en los establecimientos, a través de las cuales los tratantes les daban instrucciones e incluso les despertaban durante la noche para realizar distintas tareas.
Asimismo, supuestamente eran objeto de humillaciones, coacciones psicológicas y amenazas constantes, especialmente relacionadas con su situación administrativa irregular, como que serían denunciados para su expulsión del país si abandonaban el trabajo.
Cuatro detenidos y clausura de los restaurantes
La operación policial ha culminado con la realización de cuatro registros domiciliarios: dos en Badajoz, uno en una vivienda utilizada para alojar a trabajadores y otro en el domicilio de uno de los investigados, y dos en Cádiz, ambos utilizados como alojamiento para las víctimas.
En el transcurso de los registros se intervinieron cerca de 10.000 euros en efectivo, diversa documentación que permitió identificar a otras posibles víctimas, así como distintos efectos relacionados con la actividad investigada.
Según la investigación, la organización presentaba una estructura estable en la que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones concretas dentro del entramado delictivo.
Asimismo, se procedió a la clausura de los cuatro establecimientos de hostelería en los que presuntamente se desarrollaba la actividad ilícita, dos en Cádiz y dos en Badajoz.
