Mérida (EFE).- Un año después del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en Badajoz se han producido algunas mejoras en el sistema de protección de la infancia y de reforma juvenil de Extremadura, pero los profesionales de este ámbito reclaman menos «parches» y «soluciones integrales».
Así lo ha expuesto este lunes la educadora social Inés María Solomando, en representación del Grupo de Acción Social y Sindical formado por 18 entidades de Extremadura -once colegios profesionales y siete centrales sindicales-.
Antes de exponer las reflexiones de este colectivo en una rueda de prensa, se ha guardo un minuto de silencio por María Belén Cortés, justo en el día que se cumple un año de su muerte en un piso de cumplimento de medidas judiciales de Badajoz.
Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz condenó a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores acusados del crimen, mientras que a la joven también procesada se le impuso una pena de cinco años, como cómplice.
Concentración de recuerdo en Badajoz
El próximo sábado, 14 de marzo, habrá una concentración en Badajoz en su memoria.
El Grupo de Acción Social y Sindical se ha creado para aunar esfuerzos ante la «inacción» de los distintos gobiernos de la región en materia social y ante el «devenir de una serie de hechos, incidentes y peligros» que ya venían advirtiendo.
En este trabajo, que es muy vocacional, su muerte les «removió y les sigue removiendo». «Ahora me lo pienso más», ha reconocido Solomando, a la hora de afrontar determinadas «situaciones complicadas».
Un problema al que se enfrentan es que cuando un profesional pone una denuncia por una agresión, cuando llega el momento del juicio no tiene el amparo de la Administración, como sí lo tienen el menor, y se tienen que buscar su asesoramiento jurídico.
Entre los avances que se han producido, Solomando ha señalado el establecimiento de un «botón del pánico» para los profesionales o programas de intervención terapéutica para la infancia y de bienestar y autocuidado para profesionales, pero los programas de familia, que son «el primer bastión», «están como siembre».
Demandas
El grupo reclama una red de programas de familias fuerte, a cargo de los presupuestos autonómicos, con personal suficiente y salarios dignos; crear una mesa técnica de expertos para evaluar el sistema, elaborar propuestas y hacer un seguimiento de las medidas que se pongan en marcha; y el reconocimiento de estos profesionales como figuras de autoridad.
Entre la docena de reivindicaciones también figura la creación de una comunidad terapéutica para jóvenes con problemas de adicción como la que hubo hace unos años en Mérida y la apertura del Centro de Recuperación Zagal de Plasencia, también de carácter terapéutico.
La actualización del decreto de acogimiento residencial con la implicación de los profesionales; la habilitación de un expediente único del menor que abarque los ámbitos de servicios sociales y educación, con acceso para todos los profesionales implicados; y un plan de seguridad específico también figuran entre sus demandas.
La situación política también está incluyendo este sector, ya que Solomando ha advertido de que los centros de acogida de menores están sin presupuestos y de que el programa de bienestar y autocuidado para profesionales está paralizado.
Desde la muerte de la educadora social, el sector se ha reunido dos veces con los responsables de la Junta de Extremadura y ha mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que no les respondió, según Solomando.
Además, pidió la concesión de la Medalla de Extremadura a título póstumo para María Belén Cortés en 2025, que tienen la esperanza de conseguir este año con más tiempo por delante y más apoyos.
La respuesta de la Junta
La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha asegurado este lunes, cuando se cumple un año de la muerte del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en Badajoz, su compromiso con la mejora de los recursos del sistema de reforma juvenil.
En un comunicado remitido a EFE, ha afirmado que «ha dotado de mayor protección y formación a los profesionales y, «a la vez, de una atención que permita trabajar con mayor calidad en la reinserción de los menores infractores».
La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha citado las medidas puestas en marcha, como un nuevo contrato de hogares de inserción socio laboral para dar cumplimiento a las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo.
El contrato ya en vigor, que duplica la inversión respecto del licitado por el anterior Gobierno en el año 2022, incluye la ampliación del número de profesionales de cada hogar, de tal manera que hay, al menos, dos profesionales en cada turno, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
