Mérida (EFE).- El sector del transporte escolar de Extremadura ha advertido este miércoles de que, de persistir la escalada del precio de los carburantes, puede llegar un momento en el que no pueda prestar el servicio si el Gobierno central no establece medidas adicionales a las anunciadas y la Junta no aprueba otras.
«Llega un momento en que se hace insostenible, no puedes estar trabajando a pérdidas», ha afirmado Nerea Carpintero, gerente de ETRANSA, asociación del sector del transporte de viajeros por carretera en Extremadura que aglutina a medio centenar de pymes.
En declaraciones a los medios, tras reunirse en Mérida con diputados de Unidas por Extremadura para trasladarles la situación del transporte escolar, ha insistido en que «no podemos seguir saliendo a la calle a perder dinero».
En este sentido, a preguntas de si el 7 de abril -cuando los alumnos regresarán a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa- puede que no haya autobuses para todos los escolares, ha contestado: «Puede ser, depende de lo que vaya pasando estos días».
«Como no sabemos lo que va a suceder, no sabemos lo que va a pasar, pero desde luego no podemos seguir saliendo a la calle a perder dinero», ha insistido.
Ayudas estatales
Ha explicado que la ayuda propuesta por el Gobierno central es «prácticamente inexistente» para ellos porque la bajada del IVA de los combustibles no les afecta ya que, como empresas que son, se lo deducen.
En la misma línea, ha apuntado que la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo destinada a los sectores profesionales es «escasa», teniendo en cuenta además que se computa como un ingreso para la empresa por el que también tiene que tributar.
Además, ha advertido de que hay que leer la «letra pequeña» de las condiciones a cumplir en este último caso, como por ejemplo la prohibición de despedir a un trabajador hasta que finalicen las ayudas el 30 de junio pese a que el curso escolar termina antes de esa fecha.
Ley de Desindexación
Ante este escenario, Carpintero ha pedido al Ejecutivo central una modificación de la Ley de Desindexación, que impide la revisión de precios en los contratos administrativos, para eximir de su cumplimiento al sector del transporte al igual que en su día se hizo con el de la construcción.
Mientras esta modificación normativa llega, ha apostado por la aprobación de un decreto de urgencia para que esa medida «se empezara a aplicar desde ya».
A nivel regional, ha solicitado a la Junta ayudas a fondo perdido y que los contratos del transporte escolar se puedan vincular a alguno de otro tipo «para suplementarlo e intentar que sea más ahorrativo en el sentido de no perder dinero».
En este sentido, ha recordado que los contratos del sector están «obsoletos» pues «ya cuando se licitaron hubo revuelo porque el beneficio era mínimo».
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado al Gobierno extremeño a actuar ante una situación «excepcional».
Ha señalado que el decreto estatal no está ayudando a estos empresarios «porque una rebaja en el IVA no les ayuda» y porque se necesitan «medidas quirúrgicas especiales para los sectores esenciales».
De Miguel ha exigido también al Gobierno autonómico que mire hacia pequeñas y medianas empresas «que están realizando un servicio esencial, sobre todo en el medio rural».
