Mérida, 4 may (EFE).- Extremadura, a través de representantes del movimiento asociativo y de las administraciones públicas, ha apelado a seguir avanzando juntos frente a las «barreras visibles e invisibles» que impiden la «plena inclusión de todas las personas con discapacidad» en ámbitos como el empleo o la vida en comunidad respecto a su participación en el diseño de las políticas públicas.
Este mensaje ha destacado en el acto institucional del 20 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU celebrado en la Asamblea de Extremadura.
«Nada sobre nosotros sin nosotros», ha recalcado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI), Pedro Calderón, para incidir en la importancia de que «las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas».
Tratado internacional
Ha indicado que se celebran 20 años de la adopción del mencionado tratado internacional de derechos humanos que «dijo con claridad que las personas con discapacidad son ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, con voz propia y capacidad de decidir», y que ha permitido modificar leyes tan importantes como la propia Constitución española o la normativa electoral para recuperar el derecho a voto.
En el acto han leído un manifiesto Daniel Cardenal de Plena Inclusión, Raquel Núñez de Cocemfe y Ramona Gorciat de Feafes Salud Mental, en el que se incide en cómo esta convención transformó profundamente el enfoque tradicional hacia la discapacidad, al pasar de una visión asistencial o meramente médica a «un modelo basado en la dignidad, la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la participación plena».
Supuso avances en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, sanidad, educación o empleo, pero también en «la toma de conciencia social, contribuyendo a eliminar los prejuicios y a reconocer el valor de la diversidad humana» lo que nos enriquece como sociedad.
La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha resaltado la apuesta del Gobierno de María Guardiola por una «Extremadura inclusiva», donde «la diversidad nos hace más fuertes», con la integración de la discapacidad en «todas las políticas públicas».
Inclusión
Ha mencionado las 1.908 plazas públicas de atención temprana; los 4.391 tratamientos de habitación funcional en 50 servicios; las plazas que se ofertan para vida independiente en diferentes recursos; el refuerzo de los equipos del CADEX; la mejora de la accesibilidad en edificios públicos; el programa de Respiro Familiar; las ayudas para la contratación de personas con discapacidad, la adaptación de puestos de trabajo o «el apoyo personalizado al alumnado con necesidades especiales».
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado que en 2008 se pasó «de un modelo asistencial a un modelo basado en los derechos», que ha representado un importante esfuerzo normativo y un incremento muy significativo de los recursos públicos destinados a lo que es «una prioridad política absolutamente clara».
Pero quedan «retos» por delante, como ha defendido también el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, quien ha aludido a «las barreras físicas, sociales y culturales que no permiten la igualdad absoluta de los derechos», por lo que ha señalado como «tareas» pendientes seguir impulsando leyes y presupuestos que garanticen la igualdad de oportunidades, y el diálogo con quienes representan «la voz organizada de las personas con discapacidad».
Tanto García Espada como Quintana y Naharro han valorado el compromiso de las entidades que forman parte del movimiento asociativo, cuyo esfuerzo es clave para visibilizar realidades y para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos. EFE
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