Mérida (EFE).- El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Oscar Fernández Calle, ha destacado este miércoles que buscará cumplir «a rajatabla» el acuerdo de gobierno PP-Vox con un «control absoluto» del gasto y ‘prioridad nacional’, de las personas con arraigo en Extremadura, en la concesión de las ayudas sociales.
Igualmente pondrá a las familias «en el centro de las políticas», según se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, momentos antes de comparecer en comisión parlamentaria para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento.
En materia de desregulación, ha explicado que se aplicará en toda la Junta de Extremadura para facilitar que la Administración sea un «aliado» del ciudadano y no una traba, «como está siendo hasta ahora».
«Vamos a eliminar o a intentar eliminar, de manera transversal, todas esas trabas, toda esa burocracia que se encuentra el ciudadano a la hora de acercarse a la Administración», ha manifestado Fernández Calle.
Se irá «pasito a pasito», ha señalado el consejero tras aclarar, a preguntas de los medios, que muchas de ellas no requieren de una ley para su aplicación, pues «son trámites administrativos que se pueden eliminar muchas veces de una manera muy sencilla».
Respecto a las familias, ha señalado que se las «priorizará» en el acceso a la vivienda y que se ampliarán las ayudas a la natalidad y a las familias numerosas y, en cuanto a servicios sociales, se dará también prioridad a las personas con arraigo en Extremadura.
«El principio que subyace en todas las acciones de los servicios sociales va a ser el principio de prioridad nacional», ha recalcado Fernández Calle.
Eliminación de la enseñanza del árabe en los colegios
El vicepresidente ha asegurado que el programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí se eliminará de los colegios extremeños porque el acuerdo de PP y Vox, en el que está reflejado, se cumplirá «a rajatabla».
Se ha pronunciado así a preguntas de los medios sobre la petición de que se mantenga formulada por los dos colegios de Talayuela (Cáceres), el principal núcleo de población marroquí de Extremadura, en los que se ofrece esta materia en la comunidad autónoma.
«Lo que está escrito, lo que está firmado, lo que está pactado se va a cumplir en su totalidad», ha insistido.
Respecto a si la supresión de este programa sería una realidad el próximo curso -en el acuerdo se establece septiembre de 2026 como plazo límite de aplicación-, ha contestado: «Ya veremos cuándo se imparte, pero nuestra intención es que sea desde ya».
El PSOE tilda de «vergüenza» la comparecencia
El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han acusado al vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de no haber respondido a sus preguntas en comisión parlamentaria y de haber actuado más como portavoz de Vox que como un miembro del Gobierno regional.
La diputada socialista Soraya Vega ha tildado de «vergüenza» esta comparecencia, en la que Fernández Calle ha realizado afirmaciones que considera «absolutamente incompatibles con la ley».
Según Vega, no ha aclarado qué significa la desregulación ni qué implicaciones prácticas tendrá en la gestión pública y ha advertido de que no se sabe si esto supondrá «privatizar, recortar o debilitar los servicios públicos» dirigidos a las personas más vulnerables.
También ha cuestionado el concepto de «prioridad nacional» y ha preguntado qué supone su aplicación en ámbitos como la atención a emergencias sociales o la protección a la infancia, sin obtener respuesta del vicepresidente, según ha trasladado.
El Grupo Socialista -ha dicho- trabajará para fiscalizar la gestión del Gobierno autonómico y para impedir que el pacto de gobierno «ilegal, inhumano e injusto» firmado por PP y Vox se cumpla, defendiendo los derechos y libertades de la ciudadanía extremeña.
Unidas por Extremadura reprocha su «absoluta insolvencia»
El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha confesado haberse sentido «un poco estupefacto» con la comparecencia de Fernández Calle: «se ha puesto a aplicar al acuerdo del gobierno como si fuera el portavoz de Vox», lo que revela, según sus palabras, que «no tiene ni idea de lo que va a hacer con la Consejería».
También se ha puesto de manifiesto, a su juicio, su «absoluta insolvencia» porque «no ha contado nada de la situación crítica que se encuentra en los servicios sociales» que están pendientes de un plan estratégico, ni se ha pronunciado sobre sus funciones en materia de servicios sociales, el sistema de protección de la infancia ni sobre la juventud.
«Ha sido un constante hablar de la prioridad nacional», ha criticado el parlamentario, para quien este concepto es una «cortina de humo» que busca utilizar a las personas migrantes como «chivo expiatorio» para no hablar de los problemas de Extremadura.
El PP valora «una administración más ágil»
La diputada popular Teresa Tortonda, por contra, ha valorado que la intervención del consejero se ha centrado en dos líneas principales de actuación, entre ellas la desregulación, basada en lograr «una administración mucho más ágil y mucho más cercana a los ciudadanos», y las políticas sociales.
Sobre estas últimas ha asegurado que «no van a tener ningún recorte», sino que se van a desarrollar bajo los criterios de eficacia, de efectividad y de eficiencia con el fin de solucionar los problemas de los extremeños.
Se ha referido también al criterio del arraigo en la concesión de las ayudas y, en este sentido, ha apuntado que «el primero en hablar de prioridad nacional, de arraigo social, de arraigo que fuese real, verificable y duradero, han sido las políticas socialistas».
