Mérida (EFE).- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el extitular de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo no podrán acceder durante los próximos nueve y 18 años, respectivamente, a puestos electivos o de designación discrecional en la Administración pública, según ha aclarado la Audiencia Provincial pacense.
En un auto, al que EFE ha tenido acceso, la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz da respuesta a las solicitudes de aclaración y de complemento que fueron elevadas por las distintas partes de la causa, cuyo fallo fue emitido el pasado mes de julio.
David Sánchez fue condenado por un delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación por su contratación en Diputación de Badajoz en 2017 en la Diputación de Badajoz. En el caso de Gallardo, la condena fue de 18 meses por dos delitos, los relacionados con la incorporación del hermano del presidente y de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez.
Las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público que les fueron impuestas comportan la privación definitiva de los empleos o cargos que ostentaban a las fechas de comisión de los hechos objeto de las respectivas condenas -ninguno de los dos sigue en los mismo- y «la incapacidad para obtener otros puestos electivos y/o discrecionales en cualquier administración pública» durante los tiempos de las condenas.
Otros nueve condenados
Además de Sánchez y Gallardo, la Audiencia de Badajoz condenó a nueve años de inhabilitación a otras nueve personas, todas ellas relacionadas con la Diputación de Badajoz, quienes también perderán los empleos o cargos públicos que desempeñaban cuando se produjeron los hechos y no podrán acceder a puestos selectivos o discrecionales en todo el ámbito de la Administración pública.
No obstante, dicha privación de empleo o cargo público, según el auto, no implicará la pérdida del carácter de funcionarios o empleados públicos que, previamente, ostentaran los condenados a los hechos enjuiciados.
Entre estos nueve restantes figura el diputado provincial de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional y edil del Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el exdiputado provincial de Cultura y actual alcalde de Castuera (Badajoz), Francisco Martos.
El auto recoge que ambos se verán privados de dicho cargo y de los que tengan carácter electivo y/o discrecional en cualquier administración pública y de la posibilidad de acceder a los mismos durante el tiempo de la condena (nueve años).
Por lo que respecta a Luis María Carrero Pérez, quien fue contratado como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, la decisión judicial recoge la perdida de dicho cargo (ya dimitió), pero conserva su condición de empleado público adscrito a las escuelas oficiales de idiomas.
En otro ámbito de la condena, la Audiencia de Badajoz recuerda que las acusaciones, en alusión a Manos Limpias, pueden ejercer acciones judiciales con respecto a la creación de la plaza de coordinación de programas transfronterizos (la que ocupó Carrero), pues Gallardo quedó exento del enjuiciamiento por estos hechos.
Para ello, la sentencia del ‘caso David Sánchez’ debería ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
La Diputación de Badajoz no pedirá de momento a David Sánchez la devolución de sus nóminas
Por otro lado, la Diputación de Badajoz ha anunciado este miércoles que no llevará a cabo ninguna actuación relacionada con la devolución de nóminas de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tras ser condenado a nueve años de inhabilitación por su contratación en esta institución provincial, debido al «actual estado procesal».
El Tribunal de Cuentas había dado un plazo de cinco días a la Diputación de Badajoz para que decidiera, como entidad perjudicada, si iba reclamar el dinero a David Sánchez
Tras la condena a David Sánchez y a Luis Carrero, este último amigo del hermano del presidente del Gobierno y también contratado en la Diputación pacense, los letrados de Vox e Iustitia Europa remitieron sendos escritos para ejercer acción pública en relación con una posible responsabilidad contable derivada de la citada sentencia por la creación de estos dos empleos.
En días posteriores, trasladaron escritos similares los letrados del PP y de la asociación HazteOir.
En un auto, el Tribunal de Cuentas pidió a la Diputación pacense que se posicionara al respecto.
Respuesta de la Diputación de Badajoz al Tribunal de Cuentas
En relación con esta diligencia, la Diputación de Badajoz ha informado este miércoles de que ha comunicado al Tribunal de Cuentas «que entiende que procede dicho archivo por no concurrir ninguno de los elementos previstos en el artículo 59 de la Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas».
«Esta pretensión se fundamenta en los informes recabados al efecto, los cuales han analizado cuidadosamente las circunstancias concurrentes y la normativa aplicable», ha indicado la institución provincial.
