Mérida (EFE).- La Junta de Extremadura recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que fija en 364 la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en la región.
Del recurso, que ya ha sido firmado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, será informado este martes el Consejo de Gobierno, según el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.
Extremadura pedirá la suspensión cautelar de la norma, que estable la capacidad ordinaria de las comunidades y ciudades autónomas, hasta que el alto tribunal dictamine si está ajustado o no a derecho el real decreto, ha señalado en una rueda de prensa el también presidente del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento extremeño.
A su juicio, la cifra de 364 fue puesta por el Gobierno de España de manera «arbitraria» y «discrecional», sin contar con Extremadura y sin conocer sus recursos económicos ni habitacionales.
«Recurrimos este decreto porque Extremadura no tiene una capacidad ilimitada, como cree el Gobierno de España», ha señalado Fernández Calle,
Ha recordado que cuanto este real decreto se sacó la región solamente tenía 14 plazas libres en el sistema de acogida de menores.
El vicepresidente ha precisado que esas 14 plazas que existían entonces no eran ni siguen siendo exclusivamente para menores extranjeros, ya que son también para españoles que necesitan ese recurso.
Por lo tanto, si esas plazas son cubiertas por menores extranjeros, «no se les puede dar el servicio a los españoles» que lo necesiten, ha recalcado.
En su opinión, el Gobierno de España usa la inmigración ilegal masiva como «un arma arrojadiza» y ha acusado a Moncloa de ser los «negreros» y los «tratantes de personas» del siglo XXI.
Acuerdo con Marruecos
Antes de repartir el problema por toda España, el Gobierno central tendría que utilizar las herramientas que tiene a su alcance, como el acuerdo con Marruecos para la devolución de menores.
Fernández Calle ha subrayado que la Junta de Extremadura utilizará todas las armas políticas, administrativas y judiciales para evitar el reparto.
Ha subrayado que no quieren que en España pase lo que está ocurriendo los últimos días en Francia, donde las segundas y terceras generaciones de inmigrantes ilegales están quemando los institutos.
Extremadura tiene 390 plazas de acogida para menores, de las que 106 están ocupadas por menores extranjeros no acompañados y están 20 disponibles, según los últimos datos oficiales facilitados este lunes a Efe por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.
