José Carlos Rodríguez I
Santiago de Compostela (EFE).- El sol vuelve a brillar tras varios días de lluvia en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, eje principal de peregrinos, turistas y vecinos a los que desde hace una semana se les ha unido otro colectivo: el de los indignados y activistas por el derecho a la vivienda, que han plantado ya más de un centenar de tiendas de forma indefinida.
Ni la lluvia ni el viento, compañeros habituales de la capital gallega, ni la convocatoria de elecciones, la aprobación de los decretos de vivienda o la fecha para la huelga general parecen paralizar una acampada que funciona como punto de resistencia y extensión, como en otras ciudades españolas, de la que comenzó en la Puerta del Sol de Madrid y que ha cobrado más fuerza tras la muerte de Maricarmen.
El pasado 1 de octubre eran apenas veinte las tiendas instaladas en la plaza, tras un primer intento improvisado de acampar en la estación intermodal. Ahora son ya más de 120 y unas 200 las personas que van y vienen, conviven y pernoctan para exigir cambios profundos en la sociedad.
Cada mañana y cada tarde hay asamblea para poner en común las necesidades, debatir las próximas acciones y organizar las tareas. Diferentes grupos de trabajo se encargan de la comida, la seguridad, el diseño y distribución del campamento y las actividades.
Incluso hay un grupo bautizado como ‘Choiva’, encargado de hacer frente a una climatología que en días pasados no se lo ha puesto fácil para mantener protegidas las estructuras.
«Nos hemos preparado muy bien», explica a EFE Iker, portavoz de la acampada, que destaca el trabajo realizado para que «prácticamente ninguna tienda quedase desamparada ante la lluvia».
Implicación vecinal
La vida cotidiana se sostiene también gracias a los vecinos, que llevan comida caliente y materiales y brindan su apoyo a la protesta. Tal ha sido el respaldo que algunas noches tienen que pedir «que dejen de traer cosas», porque ya cuentan «con más de las necesarias».
En el campamento hay todo tipo de perfiles, desde estudiantes a personas con trabajos, que marchan y regresan para acudir a sus responsabilidades: «Nos turnamos para dormir e incluso compartimos las tiendas entre desconocidos», cuenta Iker.
La convivencia, asegura, está siendo buena y cada persona aporta sus conocimientos o habilidades para organizar talleres, desde la lucha por el derecho a la vivienda hasta manifestaciones culturales de todo tipo, incluido baile y música tradicional.
Mientras tanto, los peregrinos siguen llegando al Obradoiro y muchos de ellos se acercan a la acampada con curiosidad: «La mayoría apoya la causa. Nos suelen contar que en sus respectivos estados la situación suele ser la misma o muy parecida. Hemos tenido algún que otro incidente aislado, pero ni siquiera han tenido que ver todos con la acampada, y sí más bien con hechos casuales del momento», asegura Iker.
«No más parches»
La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y cuya lucha avivó las protestas por el derecho a la vivienda que desembocaron en las diferentes acampadas, cayó como un jarro de agua fría, pero también ha alentado a los activistas a continuar.
«Era una señora muy mayor, que estaba ya muy enferma, con un 50 % de discapacidad y que fue brutalmente arrastrada de su casa, con las consecuencias psicológicas y físicas que todo ello conlleva. Claramente, Maricarmen no es la primera, ni lamentablemente será la última si las cosas no cambian», explica Iker.
El portavoz considera que «el mejor homenaje» que se le puede hacer es «seguir organizando» la rabia y la impotencia en diferentes colectivos.
«Lo que queremos aquí es solucionar el problema de la vivienda, no que se le pongan más parches», asegura Iker, que considera «de mínimos» los decretos y que no confía en que ningún partido político de izquierda o de derecha «vaya a traer soluciones».
«Llevamos con una situación insostenible durante muchísimo tiempo y la convocatoria de una huelga general ahora responde claramente a unos intereses, al igual que la convocatoria de elecciones», añade.
Entre sus reivindicaciones están reducir un 50 % el precio de los alquileres según la renta de los inquilinos, prohibir las empresas de desocupación y expropiar viviendas a los fondos buitre, a los grandes tenedores y a la Iglesia.
En definitiva, que la vivienda «deje de ser un bien de mercado y pase a responder a las necesidades sociales». EFE
