Palma (EFE).- El Ayuntamiento de Palma ha iniciado a primera hora de la mañana de este miércoles los trámites de desalojo de las 200 personas que residen en la antigua prisión, ante el malestar y enfado de los afectados, que aseguran no tener otro lugar donde vivir y dormir por las noches.
Con un amplio dispositivo de seguridad, la Policía Local ha comenzado a identificar y censar a los residentes, casi todos inmigrantes, y a notificarles el inicio del expediente municipal de desalojo y recuperación del inmueble para su derribo y construcción de pisos.
El primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet, ha declarado que al gobierno municipal le preocupa que “nadie muera calcinado” tras los cuatro incendios, “probablemente provocados”, registrados en la cárcel el pasado fin de semana.
El consistorio está trabajando con todas las administraciones, incluido el Obispado de Mallorca y el Ejército, para evitar que nadie quede a la intemperie. “Es un problema de ciudad y un problema de país”, ha señalado Bonet en referencia a la situación de la inmigración y la falta de vivienda.
Varios residentes de la antigua cárcel han criticado con dureza el desalojo, ya que se quedarán sin techo de un día para otro y la mayoría no tiene un trabajo fijo ni ingresos suficientes para pagar siquiera el alquiler de una habitación.
Cort cumplirá con los plazos legales para el desalojo de los ocupantes que deberán abandonar voluntariamente la vieja cárcel en un plazo de cuatro días. En caso contrario, el Ayuntamiento solicitará por vía judicial el desalojo forzoso.
La intención del gobierno municipal es derribar el inmueble y construir viviendas en el solar, que también se verá afectado por las obras de un nuevo acceso a la Vía de Cintura.
Con nocturnidad y alevosía
Toni, mallorquín, ha explicado que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel y que otras personas llevan hasta tres años. Visiblemente enfadado, ha criticado que el desalojo se haya realizado “con nocturnidad y alevosía”.
“No nos dan ninguna solución. Si nos echan mañana, ¿adónde vamos? Vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un piso”, ha dicho a los periodistas.
Los ocupantes que salían a primera hora se dirigían a sus trabajos, aunque la mayoría cobra “por horas y en negro”, han reconocido.
Otros dos residentes, colombianos, han relatado que el edificio está organizado por nacionalidades para “evitar problemas” y ayudarse entre ellos cuando, por ejemplo, enferman. La mayoría, han subrayado, procura mantener sus espacios en condiciones dignas.
“Yo no cometo delitos, soy una persona trabajadora con un sueldo en B de 1.200 euros en la construcción, pero necesito un lugar donde dormir”, ha explicado otro residente, que ha asegurado que su jefe le exige 3.000 euros para contratarle legalmente.
Un ciudadano italo-tunecino ha lamentado que “aquí los políticos hablan mucho, pero no hacen nada”, y ha añadido que, en la práctica, deberán buscar otro lugar donde pasar las noches.
Falta de previsión
Por su parte, Médicos del Mundo Illes Balears ha criticado “la grave falta de previsión y planificación” del Ayuntamiento en el desalojo de un espacio en el que, según sus datos, residen 250 personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas con problemas graves de salud física y mental.
La ONG advierte de que no existen plazas públicas suficientes para acoger a estas personas, que se verán abocadas a “una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización”.
La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, presente a las puertas de la antigua prisión, ha denostado la “política criminal” del alcalde, Jaime Martínez, que supone “dejar en la calle a personas que ya viven en unas condiciones que nadie desearía”.
Desde primera hora, los servicios sociales municipales han repartido a los ocupantes un folleto con la relación y dirección de los centros comunitarios básicos donde pueden solicitar ayuda.
A las puertas de la vieja prisión también se han desplazado miembros de la Cruz Roja para prestar su asistencia.
