Palma (EFE).- Un total de 3.152 personas viven sin hogar o en situación de exclusión residencial en Baleares, de las que 1.477 pernoctan en vehículos, casetas o edificios abandonados y 580 estaban alojadas en centros para personas sin hogar, según el primer censo autonómico sobre sinhogarismo y exclusión residencial, elaborado por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y la red EAPN.
El estudio, presentado este jueves en el campus universitario, revela que casi la mitad de las personas detectadas, el 43 % españolas, viven en vehículos o construcciones precarias y que siete de cada diez entrevistados se quedaron sin hogar cuando ya residían en las islas, donde llevaban una media de ocho años.
Así lo ha detallado uno de los coordinadores de esta iniciativa, Alfonso López, quien ha concluido que trabajar ya no basta para tener una casa, ya que prácticamente la mitad de los entrevistados tiene alguna actividad remunerada y el 95 % se encuentra con la barrera económica para poder acceder a una vivienda.
El recuento se llevó a cabo durante la noche del pasado 30 de septiembre, cuando 404 voluntarios, organizados en equipos con profesionales de la intervención social, recorrieron calles, playas, polígonos industriales, solares y aparcamientos de once municipios de más de 20.000 personas en Mallorca, Menorca e Ibiza y realizaron diversas entrevistas para conocer la situación de estas personas.
Por islas, como recoge el informe, Mallorca concentra la mayor parte de los casos analizados, con un total de 2.495 personas, seguida de Ibiza, con 479, y Menorca, con 178.
Condiciones de alojamiento diferentes
El estudio también refleja diferencias entre las islas en cuanto a las condiciones de alojamiento. En Mallorca, aproximadamente la mitad de las personas observadas la noche del recuento dormían en la calle y la otra mitad en vehículos, casetas o edificios.
En Menorca, el 84 % de las personas detectadas pernoctaban en vehículos o edificios abandonados, mientras que en Ibiza predominaban quienes dormían en la calle, en tiendas de campaña o en chabolas, que representaban el 70 %.
Las entrevistas realizadas durante el recuento revelan, además, que casi la mitad de las personas en situación de sinhogarismo o exclusión residencial desarrolla alguna actividad remunerada, un porcentaje que supera el 55 % entre quienes viven en vehículos, casetas o edificios.
Además, el 95 % de las personas que desearían residir en otro lugar reconocieron las dificultades económicas como el principal impedimento para mejorar sus condiciones de alojamiento.
El informe también analiza la situación de las mujeres que, como han precisado los investigadores, representan una de cada cuatro personas entrevistadas para esta muestra, aunque su presencia aumenta en los espacios más protegidos.
El censo concluye que una de cada tres personas que viven en vehículos es una mujer, mientras que entre quienes duermen a la intemperie la proporción desciende a una de cada seis. El 35 % de las mujeres entrevistadas afirma sufrir inseguridad o violencia en el lugar donde duerme, frente al 21 % de los hombres.
Los responsables del proyecto, que ha sido posible gracias a financiación de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la Sostenibilidad (OCDS) de la UIB, han advertido de que las cifras obtenidas representan únicamente una parte de la realidad del sinhogarismo en Baleares, puesto que el recuento se limita a las personas localizadas durante aquella noche.
Más implicación de las instituciones
«Solo cuenta a quienes eran visibles aquella noche en los lugares recorridos y no incluye otras categorías de exclusión residencial, como las personas que duermen hacinadas en pisos o habitaciones, o aquellas que están en riesgo de ser desahuciadas», ha indicado David Abril, del Observatorio Social de Baleares (OSIB).
El experto ha opinado que el apoyo institucional «no ha sido suficiente» ante la gravedad de la principal problemática de esta comunidad y por ello ha reclamado más implicación de las administraciones.
Los impulsores del estudio ya han adelante que prevén desarrollar una segunda fase en colaboración con los servicios sociales municipales para profundizar en los perfiles detectados.
