Palma (EFE).- El Govern balear planteará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del Gobierno central que regula el reparto de 180 millones de euros extra en ayudas para políticas de acceso a la vivienda solo para las cinco comunidades autónomas donde se han declarado zonas de mercado tensionado: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha confirmado este viernes que, como avanzó hace tres semanas, la Abogacía de la Comunidad Autónoma recurrirá ante el alto tribunal una norma que considera discriminatoria.
La Conselleria de Vivienda presentó alegaciones al decreto que no fueron atendidas, por lo que la regulación finalmente aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de octubre vulnera los principios de igualdad territorial y de autonomía política, a juicio del Govern balear.
El Ejecutivo autonómico del PP defiende que los fondos para políticas de acceso a la vivienda deberían distribuirse con criterios objetivos como los precios, el esfuerzo que la compra o el alquiler representa sobre los ingresos de las familias, la escasez de oferta o la presión demográfica.
Preguntado por el decreto de vivienda aprobado este jueves por la Diputación Permanente del Congreso, Costa ha remarcado que el uso de este órgano supone una alteración de la mayoría del pleno de la Cámara Baja que rechazó la norma anteriormente, pero ha eludido entrar en más consideraciones porque la normativa electoral restringe las opiniones que puede emitir como portavoz del Govern.
