Logroño, 16 mar (EFE).- El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado este jueves la primera ley autonómica de salud mental, que garantiza el derecho de las personas a una atención coherente en esta materia.
Se establece que, en los próximos 5 años, se alcancen unas ratios mínimas de 18 psiquiatras y otros tantos psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 6, en este último caso; y 23 enfermeras especialistas de salud mental.
La ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias de La Rioja tiene como fin garantizar el derecho a la protección de la salud mental a través de su promoción, prevención de la enfermedad, asistencia, cuidados y rehabilitación de las personas usuarias de los servicios en el ámbito de la salud mental.
También se incluye a las personas con problemas de salud mental y a aquellas con discapacidad psicosocial, así como a sus familias, a través de la creación de un marco jurídico y normativo basado en el respeto de los derechos humanos, y garantía del acceso a la asistencia.
El texto aprobado, una proposición de ley impulsada por IU, contempla el impulso a un nuevo modelo de atención de la salud mental y adicciones comunitario, desde una visión integradora biopsicosocial de calidad que se desarrolle en el ámbito educativo, laboral y social.
Este impulso se extenderá a programas y actividades de promoción, protección y rehabilitación, detalla la nueva ley, que aboga por garantizar, mediante programas trasversales, la coordinación de los dispositivos de atención a la salud mental con otras instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la atención comunitaria a la salud mental.
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha indicado que este ley busca evitar “normalizar que tantas personas necesiten medicarse para seguir viviendo” y que emociones como la tristeza y el miedo “se conviertan en patologías y se estigmaticen”.
Además, ha recordado que, según la OMS, en 2030, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo y cerca del 11 por ciento de la población española consume tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir.
