Logroño (EFE).- El Gobierno de La Rioja intentará, «con todas las medidas disponibles en todo momento», que el acuerdo bilateral entre los Ejecutivos central y catalán sobre la estructura del nuevo modelo de financiación «singular» para Cataluña no llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, en una rueda informativa, en la que se ha referido a ese acuerdo bilateral alcanzado este lunes y que ha calificado de «inaceptable».
«Ahora estamos en la fase política de este acuerdo, que es inaceptable porque está sustentado en un chantaje derivado de la debilidad parlamentaria que tiene el Gobierno de España en este momento», ha subrayado.
En la actual fase política del acuerdo, ha dicho, el Gobierno de La Rioja no lo aceptará en ninguno de los ámbitos y foros y su objetivo es «lograr que no llegue al BOE» y, después, adoptará «todas las medidas que sean precisas».
Ha explicado que el único mandato al que responde el Gobierno de La Rioja es el de salvaguardar los intereses de los riojanos, por lo que hará «cualquier cosa que sea necesaria» para ello y para salvaguardar la autonomía política y financiera de la región.
Domínguez ha incidido en que ese acuerdo bilateral es un «privilegio» para Cataluña y un «perjuicio» para La Rioja y el resto de comunidades autónomas, que no se ha hecho para mejorar los servicios públicos que se prestan en toda España, sino para «acceder al chantaje al que está sujeto el Gobierno de España por su extrema debilidad parlamentaria».
La adopción de este acuerdo no ha tenido en cuenta los órganos multilaterales en los que hay que discutir lo relacionado con la financiación autonómica, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha dicho.
«La financiación de los servicios públicos de todos los españoles -ha subrayado- tiene que discutirse donde están representados todos los españoles, como son el CPFF y el Congreso de los Diputados, y no en una comisión bilateral».
Ha recordado que el estudio del Colegio de Economistas de La Rioja ya calculó en más de 300 millones de euros el impacto negativo en la financiación de esta comunidad ante un sistema de financiación «singular y privilegiado» como el de Cataluña.
