Pilar Mazo|
Logroño (EFE).- El sector empresarial riojano de la construcción exige menos burocracia y carga impositiva para actuar contra la crisis de la vivienda, ya que, del precio medio de un piso en La Rioja de unos 255.000 euros, con garaje y trastero, más del 26 % -52.742 euros- son impuestos y tasas.
Así lo ha explicado, en una entrevista con EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja, Carlos del Rey, para quien es preciso reducir la fiscalidad para bajar los precios de la vivienda, aunque ha reconocido que la comunidad riojana no es de las regiones españolas con una mayor carga fiscal.
Ha denunciado «la lentitud estructural» generada por la Administración, ya que es uno de los problemas que preocupan a los empresarios del sector, junto al absentismo laboral.
Se ha dado un paso importante
Desde la entidad que preside, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), se valora la reciente aprobación en el Parlamento regional de la ley de simplificación administrativa, que constituye «un paso importante», dado que «la Administración nos genera una lentitud estructural», con los sobrecostes que ello conlleva.
Pero, al igual que es «muy importante la aprobación de esta ley», ha subrayado, también es «muy importante y necesario» que su aplicación se traslade a las consejerías y ayuntamientos y que «el funcionariado tome conciencia de ello».
El presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey (d) y el secretario de la asociación, Juan Ramón Liébana (i) en un momento de la entrevista con EFE. EFE/Raquel Manzanares
Logroño, rezagada en burocracia
Del Rey también se ha referido al pronunciamiento de la UE y el Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de reducir la incertidumbre jurídica y simplificar los procedimientos de concesión de licencias de construcción.
Además, y, según la iniciativa del Banco Mundial ‘Busines Ready Subnational’, que ha analizado la situación de Logroño en comparación con otras 17 ciudades españolas, la capital riojana rezagada en la simplificación en la tramitación de permisos de construcción, simplificación urbanística e integración administrativa, ha lamentado.
«Si se quiere bajar el precio de la vivienda, es preciso agilizar todo el tema de licencias, reducir la burocracia y adecuar las nuevas viviendas a las necesidades porque cada vez se es más exigente con los códigos técnicos de edificación», ha relatado.
Ha recordado que ha habido dos subidas importantes en el precio de la vivienda, una cuando se aprobó el código técnico en 2008 y otra con los temas energéticos en 2017, ya que no tiene nada que ver la vivienda que se construye en la actualidad con la que se construía, por ejemplo, hace quince años.
Imagen de una nueva construcción de viviendas en Logroño. EFE/Raquel Manzanares.
Convenio atractivo
Por otra parte, Del Rey ha trasladado el apoyo de la asociación que preside a la proyección de 2.300 viviendas en el sector Ramblasque, al sur de Logroño, dado que es una cuestión que «se tenía que haber aprobado hace mucho tiempo».
Sobre la polémica generada con la vivienda de protección oficial (VPO) en la capital riojana, ha dicho que «no tiene sentido y es demagogia pura» porque, anteriormente, los planes de vivienda tenían financiación pública y, en la actualidad, no lo tienen.
Además, ha emplazado a acudir a la vía judicial a quienes consideran que pueda haber alguna ilegalidad en este ámbito, que, según ha incidido, no la hay.
Del Rey, también miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Construcción (CNC) y del Consejo de la CEOE, así como vicepresidente de CEPYME, se ha referido a que el convenio de la construcción en la Rioja es «atractivo».
Ha incidido en que es el más elevado en salarios y el más bajo en horas, a lo que se suma que La Rioja cuenta con una Fundación Laboral de la Construcción, con participación de los representantes de los empresarios y de los trabajadores.
La Rioja, de acuerdo con sus datos, tiene registradas 976 empresas de la construcción y cuenta con unos 9.000 trabajadores, de los que unos 6.000 son asalariados y unos 3.000 son autónomos.
