Imagen de unos turistas llegando a un piso vacacional. EFE/Lliteres

PP y Vox rechazan la propuesta de IU de implantar una tasa turística en La Rioja

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Logroño (EFE).- Los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado este jueves la propuesta de Podemos-IU de implantar una tasa turística en La Rioja, una propuesta que ha recibido la abstención del PSOE.

El diputado de IU, Alfredo Ollero, ha defendido una proposición no de ley para impulsar la transformación del modelo turístico de La Rioja, con el fin de abandonar el turismo de borrachera, de bajo valor añadido y alta conflictividad vecinal.

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Según Ollero, en los últimos años se ha consolidado en La Rioja un modelo de turismo con altos costes sociales, con más ruidos y suciedad, se han expulsado las actividades tradicionales del centro, con pérdida de identidad comercial debido a la gentrificación de los cascos antiguos.

Hay una relación directa entre el aumento de los pisos turísticos, que se han duplicado en La Rioja en los últimos años, y la subida de los precios en compra y alquiler, que dificulta el acceso a la vivienda, ha añadido.

El diputado de IU en La Rioja -en una comparecencia anterior- ha propuesto la implantación de una tasa turística en La Rioja, que ha sido rechazada por los votos de de PP y Vox. EFE/Raquel Manzanares

El diputado del PP Víctor Visairas ha recriminado a IU su profundo desconocimiento del sector y el manejo de sus clichés ideológicos con esta propuesta, ya que «les molesta la democratización del turismo».

Ha puntualizado que no todo el territorio presenta la misma realidad turística y sobre la regulación integral de las viviendas de uso turístico para destinarlas a alquiler convencional, ha alertado que muchos pequeños propietarios van a sacar sus pisos del mercado gracias a las medidas incluidas en el decreto del Gobierno central.

Por su parte, el diputado socialista Ricardo Velasco ha compartido la preocupación de IU de generar un modelo de turismo sostenible y garantizar el acceso a la vivienda.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha constatado que España sufre una emergencia habitacional y los principales afectados son los jóvenes, pero el Gobierno central ha trasladado a los particulares el mandato constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna.